Nassef Perdomo Cordero, abogado.
Circula un proyecto de ley, aparentemente aprobado por la Cámara de Diputados, en el que se sanciona a los jueces con multas de hasta una cuarta parte de su salario si el fallo de un asunto del que están apoderados se retrasa excesivamente. Tal y como diría Enmanuel Cedeño aplatanando una frase de Montesquieu que le encanta: esta es una iniciativa mala que debilita las buenas.
Los argumentos sobre su inconstitucionalidad son muchos y muy variados. Empezando porque atenta contra uno de los pilares de la independencia judicial: la seguridad salarial de los jueces. También es de muy cuestionable razonabilidad, por lo menos a la luz del test de razonabilidad que el Tribunal Constitucional ha establecido a partir de la sentencia TC/0044/12.
Pero en lo que me quiero concentrar es en algo más sencillo, y evidente, a la vez, para quienes ejercemos la profesión en los tribunales.
Sí, los jueces tardan más para fallar de lo que permite la ley. Pero la fiebre no está en la sábana.
Cualquier persona que haya podido ver de primera mano las condiciones de trabajo del Poder Judicial puede comprobarlo.
En primer lugar, la República Dominicana tiene una cantidad extremadamente baja de jueces por habitantes. Según lo informado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, contamos con sólo 774 jueces para más de 10 millones de personas.
Es lógico que si no hay jueces suficientes, el sistema no funcione a la velocidad que manda la ley.
La solución al problema de la mora judicial pasa por brindar mayores recursos al Poder Judicial, no por la amenaza de sanción económica contra los jueces. Esta pretendida solución asume que son negligentes, una acusación profundamente injusta. Los hay, sin duda, como hay de todo en la viña del Señor.
Pero la gran mayoría de nuestros jueces son profesionales preparados, laboriosos, que se empeñan en hacer el mejor trabajo posible con las pobres herramientas disponibles.
Las leyes no son mágicas, no resuelven problemas ni hacen desaparecer sus causas.
Lo que sí pueden hacer es brindar el instrumental para enfrentarlos.
Es eso lo que deben hacer los legisladores: brindarles a los jueces condiciones de trabajo, en vez de amenazar con sancionarlos. Todo lo demás es mucho ruido y pocas nueces.
