SANTO DOMINGO.-La Asociación de Industrias de la República Dominicana todavía trata de entender por qué el Poder Ejecutivo incluyó la importación de tapas de plástico en las observaciones propuestas a la Ley sobre Gestión de Residuos Sólidos, devuelta al Congreso Nacional la semana pasada.
Mario Pujols, vicepresidente Ejecutivo de la AIRD declaró ante preguntas de la prensa: “estamos muy preocupados por una medida que impactaría de manera directa al sector de alimentos y bebidas, sector bebidas alcohólicas y al sector farmacéutico completo”.
“Estas”, afirmó el empresario, “son tapas que no se fabrican en el país”.
Señaló entre lo sorprendente de la propuesta del Poder Ejecutivo, porque se estaría prohibiendo esta importación a los 60 días de haber entrado en vigencia de la lay.
Explicó este es un aspecto “que no había sido puesto sobre la mesa en los once meses que tenemos discutiendo este tema y que nos ha agarrado de sorpresa.
Según Pujols, los empresarios buscan los espacios apropiados entender las razones del Poder Ejecutivo para incluir este aspecto en las observaciones hechas a la referida ley de Gestión de Residuos Sólidos.
En un desayuno
El empresario respondió preguntas sobre las observaciones del Poder Ejecutivo mientras asistía al desayuno de la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored).
En este ambiente también se refirió al tema Christy Luciano, presidenta de la entidad, quien afirmó que la correcta gestión de los residuos sólidos es una responsabilidad compartida entre el Estado, los empresarios y la ciudadanía.
Allí tambén habló la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, quien destacó que las empresas que dañen el medio ambiente ya no sólo se exponen a sanciones administrativas, sino a procesos penales directos, con multas millonarias, suspensión de operaciones e incluso clausura definitiva.
La fiscal refirió al respecto la acción combinada del Nuevo Código Penal y la Ley 64-00 de Medio Ambiente.
A comisión
— Plazo fijo
Una comisión de 11 Senadores ha sido encargada, con plazo de una semana, del análisis de las observaciones del Poder Ejecutivo a la Ley 225-20 sobre Gestión de Residuos Sólidos. La devolución se produjo la semana pasada.
