Por segundo año consecutivo la Comisión de Indultos ha anunciado que no beneficiará a nadie con esa especie de perdón por parte del Poder Ejecutivo y que en el pasado se convirtió en una fuente de impunidad y corrupción.
Tenemos nuestras reservas con los indultos, pues el mismo puede ser un mecanismo para burlar las sanciones impuestas por las leyes a quienes la violan, especialmente en materia penal.
Igual ocurre con las famosas prórrogas para el cumplimiento de obligaciones impositivas, como es el caso del pago del impuesto por circulación de vehículos (la placa).
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) se pasa varios meses instando al pago de ese impuesto y, año tras años, miles de dominicanos lo dejan para último momento y aparecen los que salen reclamando una extensión del plazo.
La DGII actúa bien al no conceder prórrogas y sancionar con una multa a quien no cumpla en el tiempo establecido.
En ambos casos se trata de sancionar a quien no cumple con sus obligaciones o violenta las leyes. Ahora bien, eso debe aplicarse en todos los casos.
En otras palabras, implementar un sistema de consecuencias para acabar con la impunidad en sentido general, sin importar cuál sea el tipo de violación.
Algunas leyes podrían no gustarnos y hasta propugnaríamos porque sean modificadas, pero mientras están vigentes el Estado debe velar por su cumplimiento.
Por eso tenemos nuestras reservas con los indultos y con las prórrogas.
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