Todo imputado tiene derecho a usar los medios legales a su alcance para demostrar su inocencia. Accidentar procesos con tal de lograr impunidad no se enmarca dentro de ese precepto. Eso debe quedar total y absolutamente claro.
Los códigos procesales, no importa bajo cual modelo hayan sido diseñados, simplemente buscan establecer procedimientos adecuados para garantizar que no se produzcan abusos de poder por parte de los agentes del sistema judicial, que los culpables sean condenados, evitar que se violenten derechos fundamentales de inocentes o culpables y, fundamentalmente, que la víctima sea resarcida.
A todas luces, los imputados en el caso de la matanza de Paya y la actividad de narcotráfico que rodeó esa despiadada acción violentaron la solemnidad del proceso y hasta llegaron a amenazar, a pleno pulmón y frente a los presentes en el tribunal, a representantes del Ministerio Público y hasta al juez actuante. Muchos, incluyendo periodistas, las escucharon. El Procurador General de la República ha revelado de otras amenazas veladas. El sistema judicial dominicano tiene otra gran prueba en este caso.
Si hay inocentes, hacer Justicia implica que salgan en libertad. Los culpables, en cambio, deben pagar por la ofensa a la sociedad, el daño ocasionado y la sangre derramada.
Si para lograr eso los imputados deben ser colocados en celdas diferentes, que así se haga, aunque cumpliendo los procedimientos que las leyes establecen para garantizarles sus derechos.
Si para lograrlo hay que mudar el juicio al Distrito Nacional, bienvenida la decisión que en esa dirección tomó ayer la Suprema Corte de Justicia.
