Desde los tiempos de la colonia existe el contrabando en la isla Hispaniola, y que luego terminaría convertida dos países diferentes: República Dominicana y Haití. En la vida republicana de ambos estados el contrabando sigue como tema de todos los días en ambas naciones y desde ambas naciones, a través de los pasos fronterizos.
La Dirección General de Aduanas es la institución con “ciertos controles” para detectar e informar sobre uno que otro contrabando que lesiona los intereses del Estado en materia recaudatoria. Y hablamos de “ciertos controles” porque hasta estos son vulnerados de manera flagrante, y que incluye seducir a uno que otro empleado del personal encargado de ponerlos en ejecución en puertos y aeropuertos.
De un tiempo a esta parte los artículos seleccionados son los que tienen poco tamaño y un gran precio de venta en el mercado dominicano, como los aparatos de celulares, bebidas alcohólicas, cigarrillos de tabaco y de modalidad electrónica. Los contrabandos detectados llegan a través de empresas debidamente registradas.
La Dirección General de Aduanas recurre a plantear -como parte de un singular recurso para no establecer culpables personales- “sanciones administrativas”, “cancelación de licencias” y la nulidad de las “autorizaciones para operar” contra las empresas involucradas. Los nombres de dueños y accionistas nunca son ofrecidos de manera pública en estos grandes golpes. Una falla muy sensible en las informaciones y que debe llamarnos a la reflexión.
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