El Estado, y el dominicano no es la excepción, tiene la responsabilidad de auspiciar y mejorar la calidad de vida integral de cada uno de los ciudadanos que habitan en su territorio.

Esa es, por lo menos en el papel, la misión que está llamado a cumplir: “llueva, truene o ventee”, tal y como reza el refrán.

El deporte y la recreación forman parte de esas obligaciones que rigen a los Estados, creados para “asegurar pluralidad social, propiciar instituciones que conduzcan a solucionar los problemas, expectativas y carencias de todos sus componentes, sin distinción”.

Ahora, entiendo que eso no obliga a los Estados a patrocinar a negocios de individuos o grupos empresariales, en desmedro de las grandes mayorías huérfanas de todo lo necesario.

Desde que se iniciaron las denuncias sobre el mal estado de las infraestructuras de los estadios donde se juega béisbol profesional, una parte de la prensa deportiva ha estado remachando insistentemente sobre la obligatoriedad que tiene el Estado de asumir, en lo económico, la construcción o reparaciones de todos los estadios, en especial el Quisqueya Juan Marichal y el Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís.

Es cierto que ambas estructuras están obsoletas, porque fueron construidas, el primero en 1955, y el segundo en 1957, sin embargo, durante esa misma cantidad de años los equipos que tienen su sede allí han aportado muy poco o nada en su mejoría, a pesar de que se benefician con millones cada temporada, en el cobro de boletas, comercialización, pero en especial de los patrocinios publicitarios.

Creo que sí, que el Estado debe mejorar esas estructuras, pero también le debe exigir a los magnates del béisbol que aporten parte de sus jugosas ganancias, y si se niegan, entonces imponerles el pago de una cuota por su uso.