Anteriormente fue el periodista Julio Martínez Pozo el condenado a prisión por una acusación de difamación que le hizo un activista de oposición. La pena fue suspendida en la misma sentencia.
Mucha gente aplaudió ese veredicto movida más por simpatías políticas. Los que aplaudieron entendían que Martínez Pozo es afín al Gobierno.
Hoy le toca al dirigente opositor Leonardo Faña enfrentar una condena similar ante una acusación por difamación e injuria que le hizo una persona del litoral oficialista.
Puede que estén aplaudiendo ahora los que se quejaban antes o que se estén quejando ahora los que aplaudían antes.
En ambos casos la condena de prisión fue suspendida en la misma sentencia condenatoria, pero mañana podría no ocurrir así.
A lo mejor ahora están en condiciones, oficialistas y opositores, de entender porqué en todo el continente se expande la corriente de eliminar la prisión a los delitos de palabra y dejarlos en la esfera civil, para que la reparación del daño, en caso de comprobarse la difamación o la injuria, no conlleve cárcel.
Los que hoy se frotan las manos con el “tránquenlo” posiblemente mañana les toque recibir la solidaridad de los que por principios señalan los peligros de la prisión como sanción a los delitos de palabras.
La condena de prisión en ambos casos es excesiva, aunque su ejecución se suspenda. Hay que erradicar esa posibilidad de nuestro sistema jurídico.
