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Los efectos del reglamento 396-25

Víctor Féliz Solano
📷 Víctor Féliz Solano

Con la promulgación del Decreto 396-25, que aprueba el Reglamento de Aplicación de la Ley 368-22 sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, el país entra en una nueva etapa normativa que busca dar coherencia, racionalidad y sostenibilidad al uso del suelo y a la ocupación del territorio.

Esta decisión del Poder Ejecutivo representa un paso clave hacia la consolidación de una política territorial efectiva, en la que se reconoce el rol estratégico de los gobiernos locales como entes responsables de ordenar su espacio geográfico.

La Ley 368-22 fue aprobada en diciembre de 2022 como parte de un esfuerzo por dotar al país de una normativa moderna que integre la planificación urbana, rural y regional bajo un enfoque sistémico.

Aunque su contenido marcó un avance sustantivo en cuanto a principios y objetivos, su implementación dependía de la aprobación de su reglamento. Con este decreto, se habilita un marco claro de responsabilidades y procedimientos, que permitirá activar los instrumentos de planificación previstos en la ley.

Uno de los aspectos más transformadores del reglamento es que hace obligatorio para todos los ayuntamientos y distritos municipales la elaboración y aprobación de sus Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOT). Esto supone un cambio profundo, pues convierte la planificación territorial en una función indelegable y vinculante, y no en una mera formalidad administrativa.

Para cumplir con este mandato, los gobiernos locales deberán contar con equipos técnicos capacitados, información georreferenciada actualizada y metodologías participativas que aseguren la inclusión de todos los actores del territorio.

Además de otorgar claridad sobre las funciones locales, el reglamento establece que toda intervención sobre el territorio debe estar alineada con la vocación del suelo, lo que busca evitar el crecimiento desordenado, la especulación inmobiliaria y los conflictos entre usos residenciales, comerciales, agrícolas o turísticos.

En áreas de especial interés, como las zonas de desarrollo turístico, se requerirá una certificación adicional de parte del Ministerio de Turismo, lo que introduce un mecanismo de control intersectorial que podría mejorar la coordinación entre niveles de gobierno.

El ministerio de Hacienda y Economía también asume un rol importante al ser designado como la entidad que evaluará cuáles distritos municipales cumplen las condiciones para gestionar el uso del suelo con autonomía.

Esto implica establecer criterios objetivos, técnicos y verificables que aseguren la equidad en el acceso a esta prerrogativa institucional. Es esencial que este proceso sea transparente, y que evite cualquier sesgo político o discrecional.

Aunque este nuevo marco genera obligaciones exigentes para las autoridades locales, también abre una ventana de oportunidad para ordenar el crecimiento de nuestras comunidades con una visión a largo plazo. Ya no se trata únicamente de aprobar permisos de construcción o regular alturas; se trata de pensar el territorio como un sistema vivo, donde convergen la economía, el ambiente, la cultura y la calidad de vida.

Para lograrlo, se requerirá apoyo financiero y técnico, especialmente para los municipios de menor escala o con menor capacidad institucional. Se necesita también establecer un sistema de acompañamiento permanente que brinde orientación y supervise el cumplimiento progresivo de los plazos establecidos en el reglamento.

Este decreto, más que una imposición normativa, debe entenderse como una herramienta para construir un nuevo pacto territorial entre el Estado, los gobiernos locales y la ciudadanía.

Su implementación efectiva dependerá de la voluntad política, de la articulación entre sectores y de la capacidad de los actores locales para asumir el desafío de planificar con criterios de justicia espacial, eficiencia y sostenibilidad.

Tenemos ante nosotros una valiosa oportunidad para corregir décadas de desorden y construir territorios más dignos, resilientes y equitativos. Hagámoslo bien. El momento es ahora.

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