En el pasado mes de julio, Inés Aizpún, una brillante comunicadora que se caracteriza por su objetividad y sensibilidad, se refirió a “cuatro acercamientos” de personas e instituciones que habían tenido lugar en unos cuantos días en el periódico para el que ella labora.

Ciudadanos de diversas comunidades del sur solicitaban ser escuchados en relación “al deficiente servicio de abastecimiento de agua”.

Una profesional de la medicina “cansada de intentarlo por las vías institucionales” optó por exponer de manera pública numerosas ideas “encaminadas a mejorar el sistema en que trabaja”.

Sectores preocupados por el medio ambiente demandaron un encuentro “para discutir el incumplimiento en el tema de la veda de determinadas especies”. A su vez, inversionistas en la Zona Colonial pidieron ser escuchados “ante los alarmantes retrasos” en los trabajos que allí se ejecutan.

“Alguien no escucha a ciudadanos con ganas de trabajar en beneficio del país”, se quejó la comunicadora. Estas personas se lamentaban con amargura de la “ausencia de interlocutores”. Porque sordera, ceguera y mudez es, casi siempre, la respuesta de las autoridades.

Los problemas, graves en su generalidad, desbordan las comunidades. Mientras el país figura como una nave a la deriva, quienes fueron elegidos o designados para hacer el trabajo se mantienen gozosamente al margen.

Las denuncias motivadas en el preocupante incremento de la deuda externa, la corrupción y la impunidad, el baño de sangre que se deriva de una delincuencia incontrolable, la inseguridad ciudadana, la ignorancia de las leyes y el costo de la vida superan todos los parámetros establecidos.

Nadie sabe qué se está haciendo al respecto.

Muchos ciudadanos se rehúsan a ver programas de noticias, porque los derrames, cerebrales, los infartos, los suicidios, los accidentes y los asesinatos están a la orden del día.

El horror crece indetenible en ciudades y campos. Mientras, el pueblo carece de interlocutores.

Ubi Rivas, columnista de vieja data, se quejaba hace poco de la “crisis generalizada” y de la total apatía oficial. Para el comunicador, las actuales autoridades “se han quemado” en materias tales como el medioambiente, la haitianización galopante, la cuestionable política eléctrica, la quiebra del Poder Judicial, el auge del narcotráfico. En un artículo publicado en “Hoy”, Rivas cita los daños tremendos provocados a la red hídrica de la isla en su fuente de origen, el municipio de Constanza, ante la apatía (o el estímulo) de las autoridades.

“La deforestación es alarmante, las “granceras” socavan los lechos de los afluentes y los haitianos diezman los remanentes de bayahondas del sur, haciendo carbón y llevándolo a Haití”, se queja.

En el “Informe Oxfam” (Odalis Mejía) se señala que, para el 87 por ciento de la población dominicana, “en el país se gobierna para unos cuantos poderosos”.

“Las élites políticas y económicas manipulan la toma de decisiones de los gobiernos con el fin de maximizar sus privilegios fiscales por encima de los derechos y beneficios de las mayorías”, son sus palabras. “Esos sectores no abren espacio a la participación del ciudadano.

Los intereses del sector privado están sobre representados”.
En este contexto de realidades, ¿por qué nos extraña la actitud de quienes han optado por organizarse al margen del espectro político para tratar de devolverle al pueblo los derechos que le corresponden de manera legítima?