Ciudad de México.- Los cuatro hijos de Joaquín Guzmán, conocidos como los “chapitos”, se han convertido en objetivos prioritarios de las autoridades de Estados Unidos al ofrecer 20 millones de dólares por información que permita su captura.

La organización de los cuatro “Chapitos” cuenta con al menos 5.000 hombres armados y controla el trasiego de drogas en la zona norte de Sinaloa, el poniente de Sonora y la totalidad de los estados de Nayarit, Chihuahua y Baja California Sur, según la Fiscalía General de la República (FGR) mexicana.

Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López han sido identificados por el Gobierno estadounidense como “prolíficos narcotraficantes» dentro del Cártel de Sinaloa.

Todos, según las autoridades estadounidenses, “son miembros de alto rango del cártel de Sinaloa y cada uno está vinculado a una acusación federal por su participación en el tráfico ilícito de drogas».

Sin embargo, los narcotraficantes, a excepción de Ovidio Guzmán, no cuentan con órdenes de aprehensión en México y a pesar de tras la detención de su padre, “el Chapo”, los hermanos han seguido llevando el negocio.

De acuerdo con las fichas emitidas por Estados Unidos, Jesús Alfredo “Alfredillo” tiene 36 años y es uno de los dos “Chapitos”, junto con Iván Archivaldo, hijos del capo y su primera esposa, María Alejandrina Salazar.

“Alfredillo” es uno de los 10 delincuentes más buscados por la agencia antidrogas de EE.UU. (DEA, en inglés) desde 2018 y es señalado por conspiración para poseer sustancias controladas con intención de distribuirlas, importarlas y exportarlas.

En tanto, Iván Archivaldo de 38 años, es descrito como un miembro de “alto nivel” del Cartel de Sinaloa y junto con Jesús Alfredo daban una asistencia significativa a su padre, incluyendo la coordinación de la transportación de narcóticos de Centro y Suramérica a México, así como la transportación, distribución y venta de narcóticos en Estados Unidos.

Para todo ello, utilizan tácticas como la adquisición de armas, corrupción de autoridades, amenazas, secuestro, e intimidación a autoridades y miembros de organizaciones rivales.

Ambos hermanos han expandido el negocio y sofisticado los laboratorios de fentanilo en Culiacán, Sinaloa.