La legislación dominicana ha ido reformándose acorde a las corrientes de la justicia iberoamericana, en donde el “tránquelo” dejó de ser una medida de solucionar conflictos entre personas con situaciones enfrentadas, aun en alto riesgo para una de las partes.

El Código Procesal Penal (CPP) dominicano planteado en la Ley 76-02, contiene medidas alternas a las penales, en donde le permite a las personas agraviadas solucionar sus controversias con el victimario. Hasta ahí las cosas marchan bien. En donde el ministerio público tiene un rol de mayor protagonismo que la persona juez.

Sin embargo, lo que no debería jamás ocurrir es dejar en riesgo a la persona víctima para facilitarle al victimario unos supuestos derechos garantistas y a la otra parte, en tanto riesgo de hasta perder la vida. Las garantías de la ley son para ambos, pero además, debería ser más inclinada para la persona agraviada.

El pasado 2019 ha salido a la opinión pública y de hecho ha sido así, en donde cerca de  100 mujeres han sido asesinadas por su pareja o expareja, luego que este le haya propinado más de una docenas de puñaladas. Buscando con esa arma blanca quitarle la vida a la madre de sus hijos e hijas, en donde decenas de ellos y ellas, han quedado huérfanos de ambos progenitores.

Desde esa óptica, es lógico pensar que la persona agresora tiene la intención de arrebatarle la vida a su pareja, expareja, esposa y ex esposa. Aunque el acuerdo son voluntades de las partes, pero aun así hay que tomar en cuenta la seguridad de la persona en la controversia o más bien, víctima. La víctima debería contar con un respaldo total, tanto de las autoridades como de los familiares.

No es posible que esto continúe ocurriendo. Los y las actores del sistema de justicia (fiscales, defensores públicos, jueces, mediadores, conciliadores y profesionales del derecho), continúen actuando como si nada estará ocurriendo. Además, de esos hechos no están exentos la familia, la comunidad y sociedad. Todos y todas deberíamos estar alertas ante el flagelo.

También están por otro lado, los medios de comunicación social juegan un rol de trascendencia en la promoción de la vida en comunidad, la vida de convivencia.

Sectores sociales y eclesiales son de opinión que estos han sido responsable del comportamiento de hombres ante un conflicto con la madre de sus hijos o pareja sentimental.

Los hombres según las estadísticas, son los que llevan la delantera en relación a los feminicidios. Mientras que la mujer, tal como dicen los números, es menos propensa a cometer las atrocidades que hace el hombre.

En relación a los acuerdos y pactos que matan a mujeres, las redacciones y homologaciones por las autoridades tienen que contactar a nuestro juicio, a las partes involucradas (hombre y mujer) y para que no existan dudas sobre lo pactado, invitar a familiares de ambos géneros para conocer de estos sus opiniones sobre el acuerdo y posibles modificaciones al mismo.

Hacer una analítica histórica de la relación entre las personas involucradas, sus infantes y relacionados. En donde trabajadores sociales y psicólogos entrenados para esos fines, ofrezcan sus planteamientos sobre el comportamiento de estas personas.

Conocer de estos el consumo de bebidas alcohólicas, estupefacientes así como, sus inclinaciones a los juegos de azar. Elementos que bien estudiados y analizados podrían decir si estas personas esta acta para llegar al acuerdo que ambos se ha propuesto. O bien, que na hecho los profesionales del derecho.