Santo Domingo.– El Colegio de Abogados depositó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos 225-20, promulgada el 2 de octubre del 2020, alegando que en sus artículos 37, 38, 39, 40, 41 y 42, establece un nuevo impuesto que obliga a empresas y entidades a entregar anualmente RD$4,000 millones de pesos al año a Fideicomisos en beneficio de empresarios.

Miguel Surún Hernández, presidente del gremio, informó que dicha legislación establece un “aporte anual” a entidades públicas, en franca violación a la Constitución.