La Ley de Declaración Jurada de Bienes se ha constituido en un monumento a la impunidad, pues 3,784 funcionarios y exfuncionarios de los poderes públicos la han ignorado y la siguen ignorando de manera olímpica.
La Cámara de Cuentas ha remitido a la Procuraduría General de la República el listado de esos 3,784 tunantes y todo se ha quedado en una especie de cordial intercambio de informaciones.
La ley ha devenido en un engaño al país, pues aunque indica las sanciones imponibles a quienes no cumplan con el requerimiento de presentar su declaración jurada de bienes en el plazo establecido, no hay ninguna instancia que se sienta en la obligación de hacerlas valer.
La casi totalidad de los incumplidores ostentan u ostentaron las posiciones de alcaldes, vicealcaldes, regidores, directores de juntas municipales, vicedirectores de juntas municipales, vocales de juntas municipales y miembros del Poder Legislativo. Justo los funcionarios electivos de más cercana representación de los ciudadanos.
Esa ley es despreciada, solo acatada por aquellos que sienten en su rostro el foco de la opinión pública, lo cual representa un recordatorio permanente a la cultura del incumplimiento y la impunidad.
