La Cámara de Diputados ha iniciado un proceso interesante de escucha de diversas posiciones respecto a la propuesta de reforma o “modernización fiscal” presentada por el Poder Ejecutivo.
Se trata de un valioso ejercicio de apertura por parte de la Cámara de Diputados, permitiendo la discusión de un tema de vital interés nacional, indispensable para la salud económica de la Nación.
Al final de este proceso las autoridades tendrán que tomar decisiones que, aunque necesarias, no serán populares, ya que se trata de un tema en el que todos coinciden en la necesidad de ajustes, pero prefieren que estos se apliquen a otros sectores.
Entre las exposiciones realizadas ha habido propuestas dignas de ser tomadas en cuenta, pero hay que evitar que detrás de ellas se puedan estar escondiendo otros sectores que sólo buscan preservar distorsiones inaceptables.
Para el Gobierno, en el corto plazo, estas decisiones tendrán un costo político; sin embargo, el precio que pagaríamos todos sería mayor si se descalabra nuestra estabilidad económica y social.
Una reforma fiscal bien implementada y adecuadamente administrada facilitará un salto hacia el desarrollo y evitará males mayores en el futuro.
No siempre se reconoce el mérito de evitar un daño futuro, y por ello las reformas anticipadas suelen ser impopulares. Es más sencillo aceptarlas cuando las crisis ya están presentes, pero prevenir es lo responsable.
Se sabe que si no se ejecutan estas reformas, en el futuro la estabilidad y el crecimiento económico de los que hoy disfrutamos podrían verse comprometidos, lo cual sería el mayor de los daños.
Algunos sectores, cuyos privilegios son indefendibles, tratarán de esconderse tras otros grupos para evitar los ajustes. Sin embargo, estas maniobras no suelen visibilizarse en las vistas públicas.
El Gobierno tiene la obligación de escuchar a todos, pero debe enfocarse en atender sólo aquellos planteamientos comprensibles y en corregir las evidentes distorsiones tributarias.
Como hemos dicho en otras oportunidades: se necesita dialogar, razonar y gobernar.
No todas las decisiones necesarias son simpáticas, pero hay que cuidar la salud económica y disponer de los recursos para hacer las mejoras sociales e institucionales que demandan los tiempos actuales.
