La mayoría de las recomendaciones hechas a República Dominicana (por no decir todas) en el “examen periódico universal” que cada año realiza el Consejo de Derechos Humanos coinciden con medidas que previamente había anunciado el Gobierno dominicano con relación a los afectados por la famosa sentencia del Tribunal Constitucional que esclarece los principios para obtener la nacionalidad dominicana.
Quiere decir que los grupos y personas que han servido de informantes y cabilderos ante esas instancias suplían las informaciones sesgadas, quién sabe por cuáles motivos.
El Estado dominicano ha reiterado esas mismas informaciones en todos los escenarios posibles, por lo que tampoco se explica que los recomendantes desconocieran esa parte.
Es como si de manera aviesa se quisiera ocultar lo que el Gobierno dominicano ha garantizado, que se ejecutará la sentencia del Tribunal Constitucional conforme al respeto de las leyes internas, los acuerdos internacionales y los derechos humanos.
De igual forma se ha querido dar la impresión de que esa reunión, rutinaria, ha sido para tratar ese caso, cuando la realidad es que el Consejo se reúne periódicamente para tratar todo lo relativo a diversos tópicos sobre derechos humanos de todos los países del mundo, uno por uno, y donde los gobiernos ofrecen su versión.
Lo que representantes de algunos países recomendaron es lo que República Dominicana ha dicho que hará. Ese es un punto esclarecedor.
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