Hace falta, mucha falta, que dominicanos y dominicanas, asumamos conciencia de que quien ejerce una función pública, está en el deber de rendir cuentas, y debe estar en disposición de recibir solicitud de información por parte de cualquier ciudadano o ciudadana, sobre los procesos y recursos que gestiona y administra; sin sonrojo ni molestia.
A propósito de la discusión pública, suscitada a raíz de la solicitud de información, que sobre la ejecución presupuestaria, formulara la jueza Aura Celeste Fernández, al presidente de la Junta Central Electoral, Dr. Julio Cesar Castaño Guzmán, se han puesto en relieve distintas consideraciones. Para los fines de este comentario destaco dos.
Unos asumen que la referida solicitud cuestiona necesariamente la honorabilidad de los presidentes del Pleno del Tribunal y de la Cámara Administrativa. Mientras otros consideran inadecuada la discusión porque los trapos sucios se lavan en casa.
El requerimiento de información o de una auditoría a una institución u organización que maneja fondos público, no necesariamente presume la existencia de irregularidades. Pero puede prevenirla, la transparencia ayuda a la prevención.
Requerir información respecto de cómo se invierten los recursos que administra el Tribunal Electoral, es parte de la responsabilidad de la Dra. Fernández y de todas y todos los demás jueces del organismo.
Aura Celeste comenzó por donde aconseja la formalidad que debía iniciar. El 23 de junio, mediante una comunicación puso en conocimiento al Presidente del Tribunal, Dr. Julio Cesar Castaño Guzmán, de sus preocupaciones por la no apropiación del Pleno del organismo de la ejecución del presupuesto de la institución, y le sugirió instruir a los departamentos correspondientes la elaboración de un informe al respecto.
Frente a un pedimento de esta naturaleza procede una de tres cosas: entregar la información solicitada si existe, si no existe proceder a elaborarla y a su posterior entrega, y si como dijo el Presidente de la Cámara Administrativa Dr. Roberto Rosario, ya se había suministrado el informe a todos los jueces, entonces, mostrar acuse de recibo.
Aquello de que los trapos sucios se lavan en casa, es inaceptable.
La Junta Central Electoral, como ninguna institución pública, no es una casa propiedad de alguien. Corresponde al patrimonio público y todo cuanto ocurre en ella es de interés público.
Es casi seguro que esa confusión entre lo propio y lo público en detrimento siempre de lo público, es lo que explica la corrupción escandalosa que arropa la administración pública. De manera que dar y reclamar información es un deber y un derecho.
