El fraude de lesa humanidad cometido en el Seguro Nacional de Salud (SENASA) constituye el desafío más importante que se ha presentado en los últimos cinco años para el Ministerio Público, un estamento que el Poder Ejecutivo promueve como independiente, pero que no logra convencer a toda la sociedad de esa cualidad.
El pueblo dominicano espera que la Procuraduría General de la República, a través de su subordinada Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), investigue con prontitud y sin favoritismo el expediente hasta lograr condenas ejemplares ante un mega expediente, tras las denuncias de la comisión de un fraude por una suma aún por determinar con exactitud.
En realidad, no se trata de un hecho cualquiera, sino de un caso de corrupción administrativa que ha perjudicado a los más pobres del país.
Y es por eso que la sociedad necesita que se haga pagar en justicia a todo aquel que resulte culpable del hecho.
Esto no sólo compromete recursos del erario, sino que impacta negativamente en millones de dominicanos que carecen del acceso real a la salud.
Existe la preocupación en el sentido de que por tratarse de un acto de corrupción atribuido a la gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que encabeza el presidente Luis Abinader, el Ministerio Público elabore una acusación que no se corresponda con la magnitud de la acción cometida.
En ese contexto, se pone a prueba la entereza de los magistrados Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, en sus roles de procuradora general de la República y de titular de la PEPCA, respectivamente. El tiempo se encargará de descifrar ese enigma.
Hay que tener presente que entre las funciones y objetivos de esos órganos figuran la realización de investigaciones sobre presuntos casos de corrupción administrativa y perseguir a los corruptos.
Además, brindar el apoyo necesario en análisis financieros y peritajes para las investigaciones, así como actuar con la mayor rigurosidad y transparencia para garantizar el debido proceso configurado en la Constitución de la República.
El propio Camacho ha afirmado que se encuentran dando los últimos toques para realizar el sometimiento de las denunciadas irregularidades en el SENASA y que desde el mes de julio pasado empezaron los interrogatorios por las supuestas anomalías detectadas en la ARS estatal, por lo que aspiran a judicializar el caso en el menor tiempo posible.
De conformidad con las denuncias, las alegadas irregularidades involucran una alta suma de dinero. Entre las vías que habrían propiciado el que se drenaran recursos, se mencionan la autorización de más de 4,000 procedimientos médicos que nunca fueron realizados, pero que sí se facturaron.
También el funcionamiento de un call center paralelo operado por exempleados de la institución mediante el cual se gestionaban las autorizaciones fraudulentas utilizando identidades reales de afiliados. Asimismo, se ha cuestionado el modelo de contratos que habrían comprometido cuantiosas sumas mensuales para la atención de afiliados, sin que existiera una fiscalización de los servicios ofrecidos.
Indudablemente que, de comprobarse las denuncias, se estaría ante un hecho de corrupción sin precedentes que ha centrado la atención de la opinión pública nacional, y que no debe convertirse en un expediente para el olvido en la justicia o saldarse con leves sanciones a quienes sean imputados por el Ministerio Público.
El hecho, por el contrario, debe ser aleccionador con una sentencia ejemplarizadora que muestre un compromiso firme de la gestión del presidente Abinader contra la corrupción administrativa.
En el caso de los jueces que conozcan el expediente, también están ante la responsabilidad moral de actuar con probilidad.
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