La inversión en dinero y tiempo indican claramente cuáles son las prioridades de una persona o una institución.
El Presupuesto de Ingresos y Ley de Gasto Público también indica el plan de desarrollo que se impulsa desde el Gobierno.
Por ejemplo, si de verdad la educación es una prioridad para una administración gubernamental, debe verse reflejada en la asignación presupuestaria. Los discursos son sólo palabras.
Pero sobre este aspecto se ha discutido mucho y, afortunadamente, se seguirá discutiendo, por lo que queremos ahora echar una mirada al sector judicial.
No resiste ninguna lógica que el Congreso Nacional en su conjunto, cuyas funciones constitucionales son muy focalizadas, reciba casi el doble de lo asignado al Poder Judicial, que tiene que administrar justicia en todos los rincones del país.
Una parte importante de los recursos que se le asignan al Congreso Nacional son para asuntos que nada tienen que ver con la función legislativa.
Pero son los legisladores los que aprueban el Presupuesto, por lo que desde el Poder Ejecutivo se suele ser muy generoso con la asignación presupuestaria.
Para tener una idea del absurdo presupuestario al que nos referimos, basta con señalar que sólo la Cámara de Diputados recibe más recursos que el Poder Judicial en su conjunto.
Es verdad que los fondos son relativamente reducidos y las necesidades son muchas, pero hay que ser más razonable a la hora de repartir los ingresos del Estado.
