Con el anuncio de que pretende presentar al Congreso Nacional el próximo 27 de febrero un proyecto de ley para la creación de un Ministerio de Justicia, el presidente Abinader ciertamente cumple una promesa de campaña y responde a una aspiración de muchos que veníamos identificando hace tiempo dicha necesidad.

Tal como indicó el mandatario, se trata de una propuesta para que dicho ministerio sea el órgano responsable del manejo de los asuntos administrativos que actualmente implican una carga impropia e innecesaria para el Ministerio Público y que lo desenfocan de su rol de dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad.

Con ello también el Presidente no detiene sus pasos de seguir fortaleciendo el órgano de persecución penal, permitiendo que los fiscales realicen ante todo su labor natural, que lo es la de detectar, investigar y perseguir los hechos que transgredan las normas que procuran proteger los bienes jurídicos más valiosos de nuestra sociedad.

Hoy el Ministerio Público gasta una parte importante de su tiempo y recursos en gestiones ligadas al sistema penitenciario, en un claro conflicto de intereses dado su rol de acusador, la representación del Estado y sus instituciones ante los tribunales y una serie de trámites y servicios que son, más bien, propios del Gobierno Central, como lo son la expedición de las certificaciones de antecedentes penales y su registro, control de los notarios, lo relativo a las asociaciones sin fines de lucro, ajenos a los de un órgano que amerita dedicarse preponderantemente a investigar y acusar ante los jueces del Poder Judicial a quienes se presuma han cometido algún delito que atente contra la vida, la integridad, la seguridad y el patrimonio de otro.

A la instrucción al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, de iniciar un proceso de intercambio y consultas con diversos sectores de la sociedad, tales como las academias, gremios profesionales y empresariales y asociaciones ligadas a la práctica jurídica, hay que sumar actores anteriores y actuales del propio Ministerio Público, del sistema penitenciario, del INACIF y otras entidades, departamentos y unidades actualmente bajo la sombrilla de la Procuraduría General de la República y que trabajan actualmente con los temas que saldrían de sus manos por efecto de la ley que resulte de dicho proyecto.

Ello permitirá lograr el mayor y necesario consenso político, técnico, social, jurídico y ciudadano.