SANTO DOMINGO.- El Consejo de Economistas de Foro Ciudadano llamó al Gobierno a reorganizar, reorientar y mejorar la calidad del gasto como paso previo al aumento de la carga impositiva en el país.
Consideraron un error presentar un proyecto de ley destinado exclusivamente al aumento de impuestos en lugar de una propuesta de Pacto Fiscal, tras indicar que esto contradice tanto lo que plantea la ley Estrategia Nacional de Desarrollo (END) como lo acordado entre los sectores productivos, laborales y sociales representados en el Consejo Económico y Social (CES).
Recordaron que hace varias semanas, los representantes del Consejo Económico y Social dieron a conocer al gobierno y a la ciudadanía los principios en que debe basarse el Pacto, y solicitaron al gobierno que, previo a la discusión del tema tributario, presentara el presupuesto para el año 2013, en el cual debería reflejar claramente la reorientación de las prioridades y los criterios de racionalidad con que en lo adelante gestionará el gasto público.
Desafortunadamente, la propuesta presentada por el gobierno está centrada en el aumento de los impuestos en lugar de focalizarse en el mejoramiento de la calidad del gasto, que es lo que reiteradamente ha demandado la ciudadanía, cuya desconfianza en la gestión gubernamental se ha deteriorado en los últimos años, como resultado del despilfarro y el uso irritante de los fondos públicos, indicaron.
Agregaron que esto queda evidenciado por el reciente anuncio del gobierno, que cifra el déficit fiscal del año en curso en 8% del PIB-el mayor de la historia dominicana-, una clara muestra del grave deterioro institucional expresado en el mal desempeño del Poder Ejecutivo junto al abandono de la función fiscalizadora de la Contraloría General, la Cámara de Cuentas y el Congreso Nacional.
Consideraron que las medidas de racionalización del gasto dispuestas por el Presidente mediante en el Decreto 499-12 son insuficientes.
Enfatizaron que es necesario una reforma sustantiva del modo de usar y gastar los fondos públicos, para que a quienes les han sido confiadas las funciones de administración pública no dispongan de las recursos de la nación como si fueran de su propiedad, ignorando la planificación plurianual orientada a resultados verificables, así como las normas establecidas en el Sistema Nacional de Inversión Pública y en la Ley 34006 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones Públicas.
Entienden que el gobierno debe transparentar la rendición de cuentas y convencer a la ciudadanía de que las normas de control y administración presupuestaria no se continuarán violando impunemente, para lo cual deberá comprometerse a reparar los daños que esta práctica política ha generado en la sociedad estableciendo una norma de responsabilidad fiscal que sancione a quienes violen la Ley y abusen de su poder en la función pública.
No discutimos la necesidad de aumentar la presión tributaria si esto contribuye a la sostenibilidad fiscal, si aporta a la vida digna y a las metas de desarrollo humano del país, y en suma permite un mejor desempeño del gobierno, pero creemos que ese aumento debe hacerse luego de reorganizar la gestión del gasto, expresaron los miembros del Consejo durante el Análisis de Coyuntura que realiza cada mes el Centro Bonó.
Por otro lado, dijeron que reconocen que la decisión final sobre la reforma impositiva la tiene el Congreso, pero que aprobar el paquete tributario sin tomar en cuenta los principios que deben orientar el Pacto Fiscal crearía condiciones muy difíciles para discutir una reforma fiscal con perspectiva de compromiso social y visión de mediano y a largo plazo, tal y como lo prevé la ley END.
Nos gustaría recibir la propuesta presupuestaria presentada por el gobierno de forma más detallada, para discutirla antes de cualquier conversación sobre impuestos, señalaron.
Observaron que los datos sobre perspectivas presupuestarias para 2013 presentados por el gobierno en la reunión con los representantes del CES no tienen el detalle requerido para evaluar la racionalidad de los gastos previstos para el próximo año.
Expresaron que les llamó la atención que si bien se señaló que se asignaría un mínimo de 4% del PIB a educación pre-universitaria, también se incluyó otro escenario con un presupuesto menor (2.6% del PIB) que consideran improcedente en vista de lo establecido legalmente y del compromiso político y social que ya se ha suscrito.
Reiteraron que no están en contra de un aumento de la presión tributaria siempre y cuando sea producto de un proceso de creación de confianza que garantice que lo recaudado se utilizará con responsabilidad y pulcritud para alcanzar las metas sociales previamente acordadas, pasos que lamentablemente la gestión del gobierno hasta ahora no ha propiciado.
