Una decisión del Poder Ejecutivo contenida en el decreto 281-23 ha extendido por dos años la prohibición de la captura, pesca y comercio de algunas variedades que hacen vida en los arrecifes, incluidos peces.

Vista sin lupa, esta decisión afecta a unos cuantos pescadores, pescaderías y personas inclinadas al consumo de peces “loro, jabón, butú, cotorra, doctores, cirujanos, ángeles, mariposas, pepinos de mar y holoturias”, mencionados en la disposición del Ejecutivo.

Si se le mira con lupa, es decir, si nos salimos del decreto y extendemos la vista por las implicaciones, podemos alcanzar a ver unas consecuencias provechosas para la naturaleza marina del país y los negocios de millones de dominicanos.

De acuerdo con la visón técnica de un funcionario, el señor José Ramón Reyes, quien es viceministro de Medio Ambiente, una sola de estas especies, el pez loro, poda las algas, limpia los corales y genera con sus hábitos la particular arena que distingue nuestras playas.

He ahí un aporte a la naturaleza marina al someter algas a su control y mantener sanos los bancos de corales.

No es el único de los mencionados en el decreto 281-23 que hace importantes aportes para que tengamos unas hermosas playas de arenas blancas, pero es el más conocido.
Cuando hablamos de playas y arena llegamos al turismo, una de las más eficientes turbinas de la economía dominicana, que nos beneficia con empleos, consumo de productos agropecuarios, artesanías y con el aporte de divisas.

La disposición del Ejecutivo extiende la prohibición a otras especies, como la anguila de agua dulce, objeto en estos tiempos de un comercio intenso en algunos puntos del país, así como al uso de procedimientos de pesca particularmente dañinos.

Hay que apelar a la conciencia de la gente, pero también al compromiso de los llamados a llevar de la letra a los hechos las disposiciones contenidas en el decreto referido.
No podemos comportarnos como depredadores incoscientes.