El economista John K. Galbraith en su libro la anatomía del poder, arriba a la conclusión de que “la fascinación que el tema del poder produce, radica en el número de ventanas que abre sobre la vida cotidiana”. Por tal razón entiende que, en esa fascinación por el poder, los hombres llegan a transformar su esencia por la arrogancia ya que en él podemos reconocer cómo nos relaciona el poder con la sociedad, o nos indica las vías de acceso para su ejercicio, incidir e imponerse sobre los demás, y es “ese elemento tan fuertemente ligado a la estructura del mundo que viene a ser como el legado de la fuerza del hombre primitivo”.

Es en ese contexto que se puede interpretar que las ideas acerca de la política, la economía, la religión y el trabajo se van encontrando incesantemente reelaboradas bajo la óptica del poder, por tanto, esa es la razón fundamental mediante el cual se produce una obediencia a cualquier mandato que conduce hasta a la traición, el cambio de aptitud, surgen las ingratitudes y los subordinados que son capaces de asumir una conducta poco seria en una coyuntura determinada, sin importar las consecuencias negativas para la sociedad y la economía. Pues en esa locura por alcanzar o preservar el poder, es que se obnubila la mentalidad de los individuos, lo hace irracional e inflexibles sin medir las consecuencias de sus actos.

Pero resulta que siempre encuentran una justificación explicada por la insatisfacción y las ambiciones del poder desconociendo sus límites, y es aquí donde está la génesis de la dictadura.  Por ello, es común escuchar el anacrónico concepto de que el poder es para usarse, también que al poder hay que subordinarse y que el poder todo lo puede, sin embargo, esto parece no ser cierto en el siglo XXI, dado que la veracidad de esos razonamientos conceptuales fue válida en el entorno de las dictaduras, de los imperios y las monarquías con efectos nocivos en lo económico, social y político.

En el caso de la región de América Latina, los límites del poder tomaron cuerpo en la década de los ochenta a raíz de que el Estado intervencionista, paternalista y centralista entró en crisis, el cual tuvo una duración de más de medio siglo, pero que con la explosión de la crisis de la deuda externa alcanzó sus limitaciones al mostrar todas las debilidades ancestrales. El agotamiento de las fuentes de recursos fiscales fue la primera señal de la crisis que se avecinaba a la existencia de un modelo de Estado y de poder, por igual, el agotamiento del Estado anquilosado por décadas, estaba explicado por la presencia de una crisis de funcionamiento del aparato administrativo, inducido por una crisis de legitimidad política, conjugación esta que conducía al denominado Estado fallido.

Si aceptamos como válido el criterio de que la democracia es poner bajo el control al poder político, donde los ciudadanos tienen la facultad de elegir de manera libre a sus gobernantes, también estos han de entender que se tienen limitaciones para ejercer el poder frente a los ciudadanos que lo han elegido. Pero resulta que el código de la democracia establece que el poder alcanzado democráticamente, mediante elecciones libres, le confiere a los gobernantes un grado de legitimidad desde su origen, sin embargo, los gobernantes han de tener presente que esa legitimidad ha de ganarse en el ejercicio cotidiano del poder de manera cautelosa ya que la misma puede perderse cuando las acciones de la obstinación del poder van en dirección contraria que afectan a los intereses de los ciudadanos, en la toma de decisiones.

Es en ese contexto que los gobernantes deben ser capaces de comprender que el poder tiene que estar limitado, hasta en la democracia más perfecta que existe, pues los errores cometidos con la extralimitación del poder, incluyendo atropellos y extensión del período gubernamental, han terminado cayendo en dictaduras que la historia las califica como las peores. Es así como al desviarse de la democracia, se puede caer en el totalitarismo para imponer proyectos de estirpe ya que pasan de un proyecto de gobierno a un cambio de régimen donde el gobernante de turno destruye a las organizaciones políticas, a la economía y a la democracia, situación que en pleno siglo XXI es inaceptable y es una aventura sin éxitos para quien tenga la osadía de intentarlo, en virtud la influencia del poder económico, la presencia de los partidos políticos y los medios de comunicación, como garantes.