El Día 
El Poder Ejecutivo creó ayer una comisión para debatir el tema.
SANTO DOMINGO.-La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) mostró ayer su preocupación por varios proyectos de ley en República Dominicana que insisten en el carácter penal de la difamación y, en su opinión, “sobreprotegen” a los dirigentes ante las críticas.
La SIP, con sede en Miami, ve “contraria a los estándares internacionales” una reforma al Código Penal dominicano que sanciona con prisión las ofensas en contra del presidente, ministros, legisladores y representantes diplomáticos.
En su opinión, esta medida aleja al país de aquellos que promueven eliminar el delito de desacato para “evitar privilegios” de las autoridades sobre los ciudadanos. El desacato, eliminado en muchos países latinoamericanos, también está contemplado en la Ley 6132 sobre Libertad de Expresión y Difusión del Pensamiento.
Ejecutivo crea comisión
El presidente Luis Abinader emitió el decreto núm. 333-22, del 23 de junio de 2022, que crea e integra una comisión consultiva con carácter honorífico que tendrá a su cargo presentar al Poder Ejecutivo un borrador de ley a los fines de actualizar la legislación vigente sobre la libertad de expresión.
Con el propósito de unificar criterios en torno a la regulación legislativa del referido derecho fundamental, la comisión consultiva ha sido integrada por un plural equipo de juristas y comunicadores.
Forman parte de la comisión Namphi Rodríguez, quien fungirá como su director ejecutivo; Miguel Antonio Franjul, Inés Aizpún Viñes, Persio Maldonado, Luis Eduardo Lora Iglesias (Huchi), Edith Febles Batista, Eric Raful Pérez, Hermógenes Acosta de los Santos, Miguel Ángel Prestol González, Jimena Conde Jiminián, Aurelio Henríquez, Elvira Lora Peña y Gabriela Beltré. La comisión queda facultada para programar mesas de trabajo con los distintos sectores vinculados al tema.
Una posición
— Sentido contrario
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, lamentó que el país esté “virando en posición contraria a la libertad de prensa”. Dijo se debe descriminalizar los delitos de difamación cuando se refieren a personas públicas.
