SANTO DOMINGO.-La Junta Central Electoral (JCE), así como los representantes de los principales partidos políticos, reconocieron ayer públicamente la inutilidad de los textos legales que rigen en materia electoral, ambos aprobados con la anuencia de las organizaciones con presencia en el Congreso Nacional.

Ambas leyes (33-18 de Partidos Políticos y la 15-19 derogada por la 20-23 de Régimen Electoral), fueron aprobadas entre el 2018 y el 2019 en un escenario político de alta complejidad y sin cruzarse con la Constitución y la asesoría de expertos.

El presidente de la JCE, Román Jáquez, dijo ayer que el órgano ha tenido que navegar con vacíos legales y que si se hiciera un análisis de la Ley de partidos, le quedarían poco más de cinco artículos.

“Tanto así que el Tribunal Superior Electoral acaba de declarar otro artículo inconstitucional beneficiando a un partido”.

Aseveró que la JCE no es el verdugo del proceso electoral y que si ha llegado a verse así, es una imagen no conforme con los aspectos legales que rigen su accionar. “El sistema está muy definido, los partidos tienen su papel, la JCE tiene su papel, que es organizar y dirigir las asambleas electorales, lo mismo que el TSE y el Constitucional al igual que el Ministerio Público”, dijo Jáquez.

Mea culpa
A su vez, el Presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, aseguró que su organización apoyará las iniciativas de la JCE y que el propósito es que se cumpla el espíritu de la Ley pese a los errores de los textos legales.

Mientras que Charles Mariotti, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, dijo tener parte de la culpa del texto de Ley que fue aprobado en 2018, al desempeñarse en ese entonces como senador.

Para ese tiempo las discusiones por la Ley de Partidos se centraban a lo interno del PLD por las diferencias de criterio entre Danilo Medina, presidente de La República, y Leonel Fernández, presidente de la organización.

Ambos líderes se disputaban la hegemonía de un Congreso dominado casi en su totalidad por el PLD y en el que la participación del PRM como entidad opositora era mínima o similar a la de los también disminuidos PRD y PRSC.

Fue tanto así, que la justificación esgrimida por los representantes de las organizaciones políticas para la aprobación de la misma fue que se trataba del textos posibles pues, aunque querían hacerles otras añadiduras, la correlación de fuerzas no lo permitía.

Fue en esas condiciones en que se aprobó una Ley que a los partidos nuevos les impedía recibir fondos públicos e ir aliados al próximo torneo electoral con la amenaza de que perderían su personería jurídica si no lograban el porcentaje de votos mínimos, lo que en la práctica era imposible.

Ese fue sólo uno de los múltiples casos que posteriormente el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional se encargaron de desmontar.

Las críticas
Ayer la JCE buscó acercarse a los partidos con la intención de mejorar su relación con los mismos de cara al proceso electoral. Las discrepancias han sido precisamente con la aplicación de los artículos de las referidas leyes.
Como de costumbre, muchas de las organizaciones participantes insistieron en que su accionar proselitista (originalmente prohibido en la Ley), estaba conforme a lo legal.

Entre esos, el PLD, que ha sido uno de los más cuestionados es a la vez la organización que dio vida a la Ley 33-18.

Conclusiones
Los partidos coincidieron en que lo que corresponde, es modificar ambas leyes y crear un Código Electoral posterior a la realización de las elecciones, discusiones que igual podrían e extenderse hasta 2028.

Convocatoria

— Apoyo
La asamblea convocada por la JCE contó con la participación de la mayoría de las organizaciones reconocidas. No asistió ningún representante de los movimientos. Los partidos pequeños se quejaron de otros aspectos, como el financiamiento.

Partidos se reunirán con JCE cada 15 días
Administración. El presidente de la JCE anunció ayer que había instruido a las direcciones de Informática, Elecciones, Partidos Políticos y de Financiamiento y Control para que se reunieran con los partidos políticos cada quince días.

La decisión se corresponde con la petición de varias organizaciones políticas, algunas de las cuales exigieron la presencia del Pleno en dichos encuentros. Sobre dicha petición junto a las demás desplegadas ayer, Román Jáquez instruyó para que fueran depositadas por escrito dando garantías de que serían respondidas por el Pleno de la Junta.