Leyes de prensa

Aprendí con Germán Ornes, Herrera y Molina Morillo que la mejor ley de prensa es la que no existe. El Código Penal dispone sobre la difamación, la injuria y otros delitos que atentan contra el orden público y los invaluables bienes que son la honra y el derecho a la privacidad, mientras una ley trata los delitos de alta tecnología. Quizás los tiempos y la revolución digital justifican la necesidad del proyecto de Ley de Libertad de Expresión y Medios de Comunicación, que reforma la Ley 6132 de 1962.

Pero sus autores erran al creer que protegen la libertad de expresión o los derechos de usuarios de plataformas digitales por excluir penas de prisión por delitos de difamación e injuria.

La insistencia en despenalizar o limitar las consecuencias del asesinato de reputaciones a multas o reparaciones civiles equivale a poner precio a la honra ajena, inmoralidad que sólo beneficia a dueños y directores de medios.

Si, como reza el proyecto, las plataformas digitales o medios no tienen responsabilidad por los contenidos emitidos en ellas por terceros, es risible pretender regularlos. Igualmente enunciar las potestades de un juez o tribunal.

El presidente Abinader complace a poderosos grupos de interés, como la Sociedad de Diarios, la SIP y la alicaída UNESCO, al encargar a prestigiosos abogados y periodistas este proyecto.

Han creado un dragón sin fuego o un león desdentado, pues ¿incentiva acaso al Ministerio Público a ocuparse de sus obligaciones en materia de prensa, medios y redes? Cualquiera entiende el cómplice silencio de cierta prensa ante el desparpajo desafiante que comentó el lunes Carmen Imbert. Lo inexcusable es la inacción de la farandúlica Procuraduría ante confesos o flagrantes delitos.

Botones de muestra: Alofoke exigiendo una felación pública o lo del muchacho orondo por jugar con su Pegasus… Pena que estas y otras cananas se las peguen al presidente, cuya intención creo que es enderezar estos entuertos, no empeorarlos.