SANTO DOMINGO.-El estudio de la modificación a la Ley que crea una zona especial de desarrollo en la frontera y que procura extender por un período de treinta años las exenciones fiscales a las empresas instaladas en la zona, ha avivado la disputa que mantienen las asociaciones empresariales e industriales con sus homólogos fronterizos.
La Ley es la 28-01 y caduca en febrero de 2021, lo que condujo al Senado a aprobar su modificación en el pasado mes de octubre.

En dicha modificación se establece que en vez de veinte años como en la actualidad, las empresas instaladas en las provincias de Dajabón, Elías Piña, Independencia, Montecristi, Pedernales, Santiago Rodríguez y Bahoruco tendrían exenciones fiscales por los próximos treinta años, con el propósito de motivar a la inversión en la región limítrofe con Haití, disminuir los gastos operacionales e impulsar el desarrollo de las provincias antes citadas a través de la generación de empleos.

Competencia desleal
El problema de esta apertura — según un comunicado firmado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y otras 36 asociaciones empresariales— ha sido la ausencia de parámetros claros en cuanto a su aplicación lo que ha generado competencia desleal y evasión de impuestos.

“No estamos opuestos a la Ley sino a que exista desde la legislación aprovechamiento de los puntos blancos para propiciar evasión fiscal, competencia desleal, inseguridad jurídica y otras distorsiones”, dijo ayer Celso Juan Marranzini, presidente de la AIRD.

Planteó que para desarrollar un desarrollo integral en la frontera hace falta, además de la Ley, “proyectos de infraestructura, agua, electricidad vivienda, para que los incentivos no sea solo a través de las empresas sino de estos campos”.

Retiro de zona
Entretanto que José Luis Tavera de la Asociación Dominicana de Empresas Fronterizas (Adefro), aseguró que la operación de sus asociados sería inviable de no extenderse el período debido a las debilidades propias de la zona fronteriza en telecomunicaciones, la carencia de mano de obra calificada y los sobrecostos en producción.

“No es cierto que desde Adefro se esté evadiendo impuestos, sino que los industriales capitalinos siempre se han estado opuestos a esta legislación”, declaró.

Tavera también contabilizó las empresas grandes afiliadas a Adefro en quince, con unos 12 mil empleados directos y veintiocho a treinta mil empleos indirectos.

Debate legislativo
La modificación está en manos de los diputados. Las comisiones de Hacienda y Desarrollo Fronterizo junto a los legisladores de esas provincias, se reunieron este martes en procura de buscar un consenso entre las partes.

El encuentro fue encabezado por el diputado José Santana, quien manifestó que esas Comisiones estaban apoderadas para el estudio de ese proyecto.

“Este proyecto ha generado muchas controversias con relación a su aplicación, por lo que la comisión ha decidido consultar a todos los sectores, a fin de sacar de este Congreso una iniciativa, en cuanto a la modificación se refiere, que tenga consenso de todos los actores.

Algunos datos

—1— Distribución
La mayor parte de la inversión incentivada se concentra actividades del sector industrial (71%), le sigue la agropecuaria (23%), y los servicios con un 6%.
—2— Efectividad
Al año 2017 se habían aprobado cerca de 500 proyectos y sólo un poco más del 20% se encontraban en operación.
—3— Nivel
Elías Piña y Pedernales tienen los más altos niveles de pobreza.