Santo Domingo.- La Sentencia TC/1225/25, que aborda la constitucionalidad del artículo 260 relativo a las relaciones entre policías y militares dentro del régimen disciplinario, establece que dicha norma tiene carácter exhortativo, lo que significa que no queda derogada de manera inmediata y continúa vigente hasta que el Congreso Nacional realice las modificaciones correspondientes.
La explicación la ofreció el abogado constitucionalista Eduard Moya, quien precisó que esta decisión del Tribunal Constitucional coloca la responsabilidad en el legislador, quien deberá adecuar la normativa para garantizar el respeto a los derechos fundamentales y la coherencia con los estándares constitucionales actuales.
"Desde la óptica del derecho constitucional moderno, basado en las garantías que ella otorga y el papel del juez constitucional como guardián de la Constitución, en una democracia moderna no puede coexistir una ley que vulnere derechos fundamentales; cabe destacar que la sentencia evacuada por el Tribunal Constitucional se trata de una sentencia exhortativa la cual deja dicha tarea al Congreso Dominicano, lo que implica que la referida ley seguirá siendo vigente, hasta tanto se legisle sobre ella", declaró.
Moya recordó que los accionantes en inconstitucionalidad argumentaron que el artículo cuestionado vulnera principios esenciales como la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y la prohibición de discriminación, todo ello respaldado por jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y decisiones de tribunales constitucionales latinoamericanos.
Moya agregó que el desafío legislativo consiste en encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la preservación del régimen disciplinario de las instituciones militares y policiales. Recordó que la carrera militar implica la aceptación voluntaria de ciertas restricciones propias de la doctrina castrense, criterio también reconocido en otros tribunales constitucionales del continente.
"Desde el punto de vista de los derechos que se confrontan, el desarrollo de la persona, la no discriminación y las reglas disciplinarias en el ámbito militar habría que diseñar una normativa que puede encajar de manera acertada en el ámbito de la protección de los derechos fundamentales, sin afectar el régimen disciplinario de los cuerpos militares y policiales", manifestó.
El jurista también sostuvo que el régimen disciplinario militar y policial, implica hasta cierto punto ceder ciertas libertades y derechos fundamentales en materia de doctrina militar.
"Lo que ha sido debatido en los tribunales constitucionales de otros países, donde se ha acuñado la línea jurídica de proteger las escuelas militares y de policías, cuando se trata del adoctrinamiento y el régimen militar", indicó.
En este contexto, de acuerdo con lo que explicó Eduard Moya, la discusión queda ahora en manos del Congreso Nacional, que deberá diseñar una normativa capaz de conciliar la protección de los derechos fundamentales con las exigencias propias del régimen disciplinario militar y policial. El desafío consiste en construir un marco legal que respete la dignidad humana y el libre desarrollo de la persona, sin desnaturalizar los principios de disciplina, moral y conducta que rigen las instituciones castrenses.
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Katherine Espino
Katherine Nicole Espino Cuevas. Periodista, locutora profesional y CMM. Máster en Comunicación Política Avanzada por Next Educación (Madrid). Amante de la escritura bien hecha, las historias con sentido humano y las causas sociales. Creo en la comunicación con propósito, en los valores y en...
