El desamparo de clientes de ciertos giros empresariales es uno de los mayores atrabancos para el desarrollo en nuestro país de un capitalismo mejor regulado, con leyes y normas pensadas con equidad para que los consumidores sientan que las autoridades garantizan no sólo buenos negocios sino también excelentes servicios. Veamos por ejemplo lo de las administradoras de riesgos de salud (ARS).
Desde que comenzó a operar el sistema dominicano de seguridad social de la ley 87-01, sus distintas entidades privadas o públicas han ido logrando el milagro de sustituir al viejo e inservible IDSS y ofrecer mejor cobertura de los gastos por enfermedad y atención médica, vejez, discapacidad o accidentes laborales.
Es un éxito de cuatro distintos gobiernos consecutivos. Pero como evidenció el descalabro escandaloso de SENASA, aun impune, ha habido incontables ilicitudes, abusos y vagabundería. Algunas golosas ARS atacan a las empresas de igualas médicas.
Otras se quejan por la cantidad de reclamos fraudulentos. En vez de fajarse a competir con excelencia o someter judicialmente e inhabilitar a los malandros, maximizan sus enormes ganancias evitando con mil triquiñuelas inmorales reembolsar legítimos gastos médicos. Ganan tanto que para reinvertir crean aseguradoras en Centroamérica.
También han inventado aseguradoras paralelas, cuyas reglas son distintas, a las que migran sus mejores clientes. Terminamos pagando justos por pecadores.
La combinación de inefectiva tutela judicial —tanto para las ARS como sus esquilmados clientes— obliga a repensar cómo reorganizar las coberturas de salud. No puede ser que el Gobierno apoye la ley del embudo, enriqueciendo más que cualquier otro negocio a las ARS y sus empresas filiales, mientras sus clientes quedan desamparados pese a pagar estratosféricas primas sin alternativas de mercado para castigar a los inhumanos abusadores.
Con clientes cautivos cualquiera es un genio financiero. Urge intervención del Gobierno, que seguramente será muy aplaudida.
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