
SANTO DOMINGO.-Pese a que la Ley 225-20 de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos fue promulgada el 2 de octubre de 2020 y establece plazos de un año y de meses para que se cumplan algunas prerrogativas establecidas, la misma parece estar estancada.
La mejor muestra es la cantidad de desechos que arropa a muchas demarcaciones del Gran Santo Domingo y el país, especialmente en las zonas periféricas. En Boca Chica, por ejemplo, el malestar afecta de manera recurrente el área detrás del Megapuerto y otras zonas de alta frecuencia de visitas turísticas.
Separación origen
Uno de los plazos máximos establecidos en la normativa son los doce meses desde su entrada en vigor, que dice que los ayuntamientos y las juntas de distritos municipales promoverían la implementación progresiva de programas de separación de desechos en la fuente y la recolección selectiva de los residuos en todo el ámbito de su jurisdicción, algo que no se ha cumplido
La ley contempla que dentro de los veinticuatro meses de la fecha de entrada en vigencia, que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales elaboraría el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos, los reglamentos y las guías derivadas de este ordenamiento.
Miguel Ceara Hatton, ministro de la entidad, en el recién Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, resaltó que se registran avances en la materia y que, en el caso de los plásticos de un solo uso y los foam, “están condenados a desaparecer”.
Reconoció que todavía hay resistencia para entender que el plástico hace un daño profundo y que afectanegativamente todo, inclusive, la actividad turística.
En el mismo escenario, Indhira de Jesús, viceministra de Gestión Ambiental de la cartera, dijo que los resultados de esa ley empezarían a verse en 2 o 3 años, lo que indica que la población tendrá que seguir conviviendo con la basura por mucho tiempo.
A más de 3 años de su aprobación se han logrado algunos avances, pero quedan muchos temas pendientes que, aunque la ley asigna plazos de ejecución en las disposiciones transitorias (artículo 172) no se han cumplido.
Se puede citar que la ley contempla que el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos sería elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente, en un plazo no mayor de un año y contar con el financiamiento respectivo, y el diagnóstico nacional tendría un plazo de seis meses a partir de la misma fecha y contar con el financiamiento respectivo. Otro plazo de treinta y seis meses es que se debieron clausurar todos los vertederos a cielo abierto que existen en el país.
