El Estado es el mayor comprador y contratador de servicios.
El volumen es tan grande que hubo que habilitar una Dirección General de Contrataciones Públicas, como dependencia del Ministerio de Hacienda, para poner cierta dirección en el área.
Hace poco esa cartera informó que a partir de julio serán dados a conocer los nombres de las instituciones del Estado que violen la Ley de Compras y Contrataciones.
Vemos que la medida es importante, pero requiere de mayor alcance. No basta con dar nombres, también debe haber sanciones a los incumbentes, que no quiere decir que dichas sanciones deben recaer, necesariamente, en los directores de compras de las entidades violadoras.
Eso sería, como acuñó el pueblo en su refranero, cortar la soga por el lado más débil. En ese mismo orden, habría que definir otro problema que arrastra el Estado en sus operaciones de compras y contrataciones.
Se trata de los plazos para efectuar los pagos.
No es un secreto que el Gobierno compra más caro todo lo que se le vende, debido a los largos plazos para hacer los pagos de todo lo que compra, incluidos los servicios.
Un plazo menor permitiría al Gobierno mejorar la calidad del gasto, tal como aspira la Dirección General de Contrataciones Públicas.
