Respondo al dramático llamado de Juan Bolívar Díaz a favor de los 19,015 descendientes de padres haitianos despojados de nacionalidad y levanto mi voz contra el equivocado proceder de la Junta Central Electoral y la Dirección de Migración, que viola la Constitución y convierte en muertos civiles a las víctimas de sus desatinos.
Como bien dice el citado periodista en su artículo publicado por el periódico Hoy en su edición de ayer, el atropello basado en retorcidas interpretaciones de la Carta Magna deja a miles sin identidad y les imposibilita ejercer derechos fundamentales.
La República Dominicana, como Estado, queda muy mal parada con esta medalaganaria medida que solo puede atribuirse a la existencia de los prejuicios que, por más que los neguemos, todavía se albergan en los tuétanos de mucha gente nuestra con falsas poses de mentalidad abierta y convicciones liberales.
Se trata de 19,015 personas de carne y hueso que nacieron aquí, en este país, pero que son tratadas como si no existieran, por la simple razón de que dos o tres funcionarios le pasan por encima a la Constitución.
¿Cómo corregir esta vergonzosa e injusta ignominia? Comencemos por levantar todos la voz hasta que podamos decir, de verdad, que este es un Estado de Derecho.