Santo Domingo.- Como el más grande retroceso institucional democrático que ha experimentado la República Dominicana tras la muerte de Trujillo, definió este lunes el expresidente Leonel Fernández,  la nueva ley 1-24 que crea un nuevo marco para el manejo de las agencias de inteligencia en el país.

A juicio del candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, es muy grave que una sola persona tenga tanto poder para intervenir lo público, privado, personas físicas, jurídicas y los negocios “no puede ser”.

Dijo que la ley 1-24 de la Dirección Nacional de Investigaciones, tiene más atribuciones que la CIA y el FBI en los Estados Unidos, el Mosad de Israel, y la KGB en los tiempos de la Unión Soviética.

“A una persona no se le puede otorgar tanto poder”, dijo el exmandatario al responder preguntas de periodistas tras visitar a su hijo, el candidato a senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, quien fue ingresado a la Clínica Abreu por intoxicación tras ingerir un alimento.

La nueva ley

La ley 1-24 que que fue promulgada hace unos días por el presidente Luis Abinader, establece y regula la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Sistema Nacional de Inteligencia (SIN), que agrupará a todas las agencias investigativas del Estado.

La legislación fue discutida en ambas cámaras del Congreso Nacional.

La semana pasada la  Sociedad Dominicana de Diarios expresó su inquietud por la presunta ambigüedad de ciertos artículos de la Ley que podrían representar un riesgo para la libertad de prensa y la privacidad de las personas.

Sociedad de Diarios

En concreto, la SDD citó los artículos 9, 11 y 26 y sus posibles impactos en el ámbito de la libertad de prensa y los derechos a la privacidad y el secreto profesional. Al culminar su asamblea general ordinaria anual en la que escogió la nueva directiva para el periodo 2024-2025, la SDD resolvió iniciar las consultas jurídicas de rigor para fijar una posición final sobre dicha legislación.

El artículo 11 , por ejemplo, obliga a “todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, sin perjuicio de las formalidades legales para la protección y garantía del derecho a la intimidad y el honor personal” a entregarle a la Dirección General de Inteligencia” todas las informaciones que esta requiera sobre las cuales se tengan datos o conocimientos en asuntos que puedan afectar la seguridad nacional.

El artículo 26 establece sanciones penales , como prisión menor de dos a tres años y multas desde nueve a quince salarios mínimos del sector público, contra quienes “oculten informaciones” requeridas por la DGI.