A raíz de los acontecimientos que a diario se suscitan por el caos del transporte en República Dominicana, a causa de la falta de educación vial, específicamente en el transporte público y entre los motoristas, ha surgido lo que muchos consideran una absurda idea: legislar para crear un Ministerio de Transporte.
Parecería que cada vez que el Gobierno se enfrenta a situaciones que chocan con la gran mayoría de la sociedad, recurre a dos estrategias que no prosperan. La primera, legislar con el objetivo de crear nuevas instituciones que supuestamente darían solución a la problemática del momento; y la segunda, crear comisiones. Ambas han demostrado ser totalmente inoperantes.
Muchos se preguntan: ¿para qué legislar si la Ley No. 63-17, del año 2017, de Movilidad y Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, cumple con todos los requisitos? De manera general, esta ley establece claramente a quiénes les corresponde sancionar, regular y organizar la movilidad del transporte terrestre en la República Dominicana.
Lo que ocurre en realidad es la falta de voluntad de actuar por parte de los órganos responsables, quienes deben cumplir y aplicar la Ley 63-17 sin privilegios.
Conforme a dicha ley, tanto el INTRANT como la DIGESETT son las instituciones encargadas de llevar a cabo estas funciones. No es necesario legislar más; lo que hace falta es voluntad del Estado para actuar de manera responsable frente a esta situación.
Muchos ciudadanos se preguntan por qué un grupo de choferes del transporte público y motoconchistas no respeta la ley. ¿Será que gozan de privilegios especiales? ¿O acaso quienes están obligados a cumplirla son únicamente los conductores de transporte privado?
En realidad, el Estado enfrenta tres problemáticas principales. La primera es el temor a perder el apoyo político de los sectores del transporte. Aunque se reconoce el valor del servicio público que prestan, estos grupos deben entender que el país aspira a ser una sociedad civilizada donde todos estén sometidos a la ley, sin privilegios.
La segunda problemática está ligada a acuerdos políticos históricos y al poder que han acumulado los grupos del transporte público, lo que ha generado una percepción de impunidad. Esto afecta la imagen de instituciones como el INTRANT y la DIGESETT, que muchas veces no actúan frente a infractores evidentes, mientras que los conductores privados sí son sancionados con rigor.
La tercera problemática es de carácter judicial. En la República Dominicana, los criterios aplicados en casos de accidentes de tránsito, especialmente en lo relativo a daños materiales, generan controversia. Existen numerosos casos en los que, aun siendo el motorista el responsable del accidente, termina siendo beneficiado con compensaciones económicas por daños materiales, corporales y morales.
Si se analiza la línea jurisprudencial en materia de tránsito, podría considerarse contraria a principios constitucionales como el derecho a la igualdad y la tutela judicial efectiva, al existir un trato desigual entre los involucrados.
En muchos casos, los tribunales aplican el criterio francés del daño, basado en los artículos 1,382 y 1,383 del Código Civil Dominicano. Sin embargo, algunos consideran que este enfoque debería evolucionar hacia criterios del derecho anglosajón, como el “Law of Torts”, que establece que quien causa el daño no puede beneficiarse de él, permitiendo sancionar la negligencia de manera más justa.
¿Qué ocurre entonces en la práctica? Conductores de motocicletas que actúan de manera irresponsable pueden provocar accidentes y, aun así, beneficiarse de indemnizaciones pagadas por el seguro del otro conductor, incluso cuando este no fue el responsable.
Mientras tanto, el conductor asegurado, que cumple con la ley, no solo enfrenta el pago a través de su seguro, sino que también ve afectado su historial ante las aseguradoras.
Cuando estas problemáticas sean resueltas y se aplique correctamente la Ley No. 63-17 de Movilidad y Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, no será necesario hablar más de motoconchistas o transporte público en términos de desorden, ni mucho menos crear nuevas instituciones. Tampoco será necesario recurrir a la vieja estrategia de legislar para cada problema social sin resolver, creando ministerios y comisiones que, al final, no ofrecen soluciones reales.
Sobre el autor
Lic. Eduard L.Moya, presidente fundador de Moya & Asociados abogados consultores desde el 2008, magister en Derecho Civil, Derecho Constitucional, Procesal Constitucional y Derecho Administrativo. Docente universitario en Pucmm, Universidad de...
