SANTO DOMINGO.– Legisladores de ambas cámaras legislativas discrepan sobre la Ley de Desarrollo Fronterizo que podría perimir de no aprobarse su modificación antes de febrero, con lo cual se comprometerían las exenciones fiscales que sirven de impulso para mantener la operatividad de las empresas ubicadas en la zona fronteriza.
El proyecto, debido a la urgencia, fue aprobado por el Senado para extender su operatividad por los próximos treinta años.
Pero al llegar a la Cámara de Diputados fueron modificados los artículos que delimitaban el accionar de las empresas fronterizas, circunscribiéndolas solo a esa parte del país.
También fue modificada la constitución de su consejo, dejando a las siete provincias solo con cinco representantes de un total de 21 que tenían.
“En ese proyecto que nos llegó —dijo ayer el senador Dionis Sánchez—, no pueden modificar materias primas, no pueden colocar sus productos fuera de sus provincias fronterizas y además el consejo incluyó a entidades como Hacienda y Aduanas que son instituciones recaudadoras y que por su naturaleza no están de acuerdo con las exenciones”.