Día Mundial Autismo: legisladores consideran modificar ley de discapacidad pero ¿es necesario?
En el marco del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, que se conmemora cada 2 de abril, un grupo de legisladoras del Partido Revolucionario Moderno (PRM) instó a fortalecer las iniciativas estatales dirigidas a mejorar las condiciones de vida de las personas con autismo y sus familias.
Durante su pronunciamiento, enfatizaron la necesidad de aumentar la inversión en programas de atención a la discapacidad, así como de promover reformas legislativas que garanticen una mayor inclusión y el acceso a servicios esenciales.
Patricia Núñez: “es necesario actualizar las leyes y ampliar los recursos estatales”
La diputada Patricia Núñez, representante de Santo Domingo Norte, subrayó la insuficiencia de recursos destinados a la atención de personas con discapacidad y la urgencia de modernizar el marco legal vigente.
“Hacemos un llamado a la sociedad y a las autoridades competentes para que brinden mayor apoyo a los niños y adultos con autismo. Esta fecha debe servir de reflexión sobre las acciones que el Estado puede tomar para fortalecer la asistencia a este sector”, expresó Núñez.
Resaltó que, si bien la Ley 5-13 establece derechos para las personas con discapacidad, es necesario actualizarla para ajustarla a las necesidades actuales.
“Es imprescindible garantizar una mayor asignación presupuestaria para costear terapias y medicamentos esenciales para los niños con autismo”, agregó.
Asimismo, mencionó la labor de la Cámara de Diputados en la creación de una mesa de trabajo enfocada en la discapacidad, bajo la dirección del presidente Alfredo Pacheco.
“Casi treinta legisladores estamos uniendo esfuerzos para mejorar la legislación y fortalecer las políticas públicas en materia de discapacidad”, afirmó. También destacó la iniciativa de la diputada Mirna López, quien propuso la conformación de una comisión permanente sobre discapacidad para impulsar avances legislativos en esta área.

¿Cambiar las leyes o aplicarlas?
La Ley 5-13, promulgada el 15 de enero de 2013, establece el marco de derechos de las personas con discapacidad en República Dominicana. No obstante, la implementación de su reglamento tomó tres años en concretarse mediante decreto, lo que evidencia que aún persisten desafíos en la priorización de esta problemática dentro de la agenda estatal.
Un repaso rápido a su contenido hace notar que fue trabajado ampliamente y que tal vez, lo que falta en el país no necesariamente es modificar el marco legal, sino aplicar el existente.
El reglamento establece medidas para garantizar la inclusión y accesibilidad de las personas con discapacidad en los servicios de salud y educación en República Dominicana.
En el ámbito de salud, el Ministerio de Salud Pública (MISPAS) debe asignar presupuesto para adecuar servicios, infraestructura y capacitación. Además, en coordinación con el CONADIS y otras entidades, se fomentará la formación del personal de salud sobre trato digno y derechos de las personas con discapacidad.
En educación, el Ministerio de Educación (MINERD), junto con otras instituciones, deberá incluir en su planificación presupuestaria la adecuación de infraestructura, equipamiento y capacitación del personal. Se articulará la evaluación pedagógica de estudiantes con discapacidad con el sistema de certificación en un plazo de dos años.
En el ámbito educativo, el MESCyT, en coordinación con el CONADIS, revisará los planes de estudio universitarios para incluir asignaturas obligatorias y electivas sobre discapacidad en carreras pertinentes. Además, el MINERD y el MESCyT exigirán que colegios y universidades privadas otorguen becas a estudiantes con discapacidad equivalentes al 1% de su matrícula. También se creará un espacio de coordinación interinstitucional para formular políticas de inclusión educativa.
En el ámbito laboral, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Administración Pública implementarán políticas de inclusión y destinarán presupuesto para garantizar accesibilidad en el entorno laboral. Se crearán Centros de Empleos Protegidos tanto en el sector privado como en el público. La ONE recopilará datos sobre empleo de personas con discapacidad, y el Banco Central incluirá variables sobre su situación laboral en encuestas.
Las empresas privadas con al menos 25 empleados deberán cumplir con una cuota laboral del 2% para personas con discapacidad, y las instituciones públicas con una del 5%, ambas supervisadas por el CONADIS. Se fomentará el teletrabajo mediante el uso de tecnologías accesibles y el apoyo al emprendimiento.
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La posición de otros legisladores
Ladiputada Yalis Soto, de San José de Ocoa, con más de 17 años de experiencia como docente de niños con autismo, subrayó la importancia de garantizar el acceso a la educación para esta población.
“Más de medio millón de personas en el país tienen alguna discapacidad, y muchos niños con autismo aún no están integrados al sistema educativo público. Debemos garantizar su derecho a la educación mediante normativas más inclusivas”, explicó Soto.
También insistió en que la detección temprana del autismo y las intervenciones oportunas son clave para el desarrollo de estos niños y su adecuado proceso de aprendizaje.
“Trabajaremos para que la educación especial fomente la detección precoz del autismo y permita que todos los niños, sin excepciones, puedan recibir una enseñanza adaptada a sus necesidades”, aseguró la legisladora.
Anny Mambrú: “El diagnóstico temprano es fundamental para mejorar la calidad de vida”
La diputada Anny Mambrú, representante de Santo Domingo Este, resaltó la importancia de la detección temprana del autismo para garantizar una atención adecuada desde la infancia.
“La Organización Mundial de la Salud estima que uno de cada 100 niños tiene autismo. Aunque se ha avanzado en el diagnóstico, todavía hay muchas deficiencias en la atención que reciben estos niños”, indicó Mambrú.
Asimismo, reafirmó su compromiso con la actualización y fortalecimiento del marco legal vigente, a fin de garantizar que todos los niños con autismo reciban el apoyo necesario para su desarrollo integral.
“Desde el Congreso seguiremos impulsando reformas para mejorar las leyes y asegurar que cada niño con autismo tenga acceso a los recursos esenciales para su bienestar”, concluyó.
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