Tobías Crespo, diputado.
SANTO DOMINGO.- Cuando solo restan tres días para vencerse el plazo que otorga la Ley para que los funcionarios electos realicen su declaración jurada de patrimonio, de 190 diputados solo 95 han intentado y/o iniciado el proceso y solo veinte han llegado a la etapa de notificar a la Cámara de Cuentas (CCRD).
Entre los senadores, interactuaron con la plataforma dispuesta para este fin y solo cuatro llegaron a la etapa de completar el proceso de notificación a la CCRD, según los datos recibidos por el organismo hasta el pasado once de septiembre.
La tardanza ha sido atribuida por los legisladores a las complejidades del proceso quienes aseguran que la CCRD les está solicitando una autoauditoría y no una declaración de patrimonio como manda la Ley, al exigirles presentar informes de consumo por tarjetas de crédito y otros renglones.
Varios legisladores se expresaron opuestos a estas exigencias tanto del oficialismo como de la oposición.
El diputado Tobias Crespo dijo de manera irónica que están pidiendo hasta la cantidad de caries que tienen los legisladores.
“Son cosas improcedentes como consumo de tarjetas de crédito, lugares donde viaja… están pidiendo una autoauditoría presumiendo que somos delincuentes y no es así. Los diputados no manejan recursos como el presidente de la Cámara ni los senadores, hasta cuestionan informaciones que dan los propios bancos. Ellos parecen que no quieren hacer el trabajo, parece que están de vagos y lo digo de manera responsable. Quieren que hagamos el trabajo de ellos, lo que debemos hacer es una declaración y a ellos les toca investigar”, dijo el diputado Tobias Crespo.
En respuesta, la Cámara de Cuentas emitió un comunicado en el que dijo que un funcionario público no tiene bienes privados del escrutinio.
“Es de conocimiento general que las informaciones sobre las declaraciones juradas son públicas. Todo debe estar sobre la mesa de la transparencia, las cuentas deben estar claras. La transparencia se refuerza con más transparencia, lo público debe hacerse público y para ello contamos con la declaración jurada como un mecanismo de prevención de la corrupción”. Planteó la CCRD.
Señaló que conforme al criterio del Tribunal constitucional, “toda persona que pone al servicio del Estado sus aptitudes, habilidades y conocimientos debe estar consciente del deber que asume de rendir cuentas no solo de su gestión sino también de la transparencia respecto del origen de sus bienes ante cualquier autoridad competente, en cualquier momento. Esto nunca debería interpretarse como un menoscabo de sus derechos fundamentales sino como el cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo, conforme a lo establecido en el artículo 16 de la citada Ley núm. 311-14.
Reiteraron que para aquellos que tomaron posesión este pasado 16 de agosto, el próximo lunes 16 de septiembre vence el plazo para presentar su declaración jurada de patrimonio en tiempo hábil.
“Reiteramos nuestra disposición para orientar a los funcionarios obligados en el cumplimiento oportuno de la obligación constitucional y legal a su cargo, en apego estricto a las disposiciones legales y normativas”, dice la CCRD.
