El lunes fueron paralizadas las actividades en las catorce provincias, sin importar que fuera total o parcial, lo relevante es que el movimiento convocado por organizaciones sociales, populares y de transporte devela que hay insatisfacciones y demandas acumuladas que deben ser estudiadas y atendidas por el Gobierno.

Si bien el pliego de demandas presentado para justificar el llamado a la huelga, lo más pertinente e inteligente es que el presidente Luis Abinader designe una comisión que dialogue con los convocantes y exista el compromiso de canalizar las mejores soluciones a los problemas denunciados.

No basta conque funcionarios del Gobierno o dirigentes del Partido Revolucionario Moderno traten de descalificar la efectividad de la convocatoria o que los grupos hayan fracasado en busca del apoyo de los habitantes de las catorce provincias de la zona norte.

Tampoco es saludable que las entidades sociales y populares traten de desafiar a la autoridad que por ley tiene el Gobierno, principalmente en lo relativo a la seguridad ciudadana y la integridad de la propiedad privada.

Los desórdenes escenificados por desconocidos solo sirvieron para desmeritar los buenos propósitos que se persiguen con el movimiento huelgario.

Como delictivo hay que calificar, por igual, que desaprensivos penetraron a negocios del municipio Licey al Medio para cometer un vulgar saqueo que solo perjudica a sus propietarios con pérdidas millonarias, según las estimaciones.

Las protestas deben desarrollarse en el marco de la legislación vigente y en un ambiente de total paz, que contribuya a preservar la seguridad y el derecho de quienes no estén de acuerdo a incorporarse a sus actividades cotidianas.
El terror, en cualquier de sus manifestaciones, debe asumirse como vandalismo, que solo descalifica a los convocantes de la huelga.

El Gobierno debe aprovechar el malestar expresado por quienes respaldaron el paro para estudiar y ejecutar, dentro de las posibilidades económicas, las obras de mayor demanda por parte de los residentes de las catorce provincias de la región del Cibao. El momento es oportuno para abrir el diálogo y una vía de entendimiento.