Independientemente del curso del proceso, la sentencia del pasado lunes 26 de septiembre del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en virtud de la cual se condena a varias personas ligadas por lavado de activos a José Figueroa Agosto, puede enseñarnos muchas lecciones.
El afán de vida fácil, dinero y lujos conduce a alguna gente a arriesgarse y aliarse, entre otras manifestaciones del crimen organizado, al lavado de dinero negro, apoyando a los delincuentes para que puedan disfrutar de los beneficios de sus negocios ilícitos como si fueran legales, pues los activos se lavan para encubrir aquellas actividades delictivas asociadas con ellos, con la consecuente exposición a ser sujetos de investigación, persecución, acusación y sanción, como ha sido el caso.
Con ello se pierden no sólo quienes son condenados por dicha actividad, a través de la cual se pretende blanquear bienes de origen ilícito, sino que impacta a toda la familia, la que se convierte en víctima de escarnio, sumándose muchas veces a la legión de familias descompuestas, marcadas por el delito de sus progenitores.
Como el lavado de activos traslada el poder económico del mercado, el gobierno y los ciudadanos a los delincuentes, y la magnitud del poder económico que acumulan los que lavan dinero tiene un efecto corruptor sobre todos los elementos de la sociedad, dicha actividad representa no sólo un problema de aplicación de la ley, sino una grave amenaza a la seguridad (Perotti).
Dado que el dinero lavado fluye hacia los sistemas financieros, dicha actividad afecta las economías, monedas y tasas de interés y puede socavar la integridad de las instituciones financieras y acrecentar la amenaza de inestabilidad monetaria, por la distorsión artificial de los precios de bienes y productos básicos.
Por lo tanto, el dinero obtenido rápidamente, sin importar su origen delictivo, puede terminar con la moral y la esperanza de bienestar de quienes estén vinculados a la actividad ilícita. La familia, el gobierno, las autoridades monetarias y financieras y los banqueros están obligados a elevar los niveles morales, los mecanismos de reglamentación y fiscalización eficientes para detectar la legitimación de activos, por el grave riesgo que representa el blanqueo de capitales para la familia, la sociedad y las instituciones.
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