Usar como instrumento político la persecución judicial no es nada nuevo, aunque sí lo es el anglicismo “lawfare”, popularizado en el habla común de los medios para referir el abuso ilegal de procesos judiciales con apariencia de normalidad para perseguir a adversarios políticos.

Aun en casos en que puedan existir razonables indicios de que merecen juzgarse, si aparte de esos motivos legítimos hay inquina política, como contra Jean Alain Rodríguez, los gobiernos deben hilar fino para no dañar la legalidad ni los derechos de los imputados.

Por ejemplo, la procuraduría anti-corrupción (PEPCA) quiere prorrogar cuatro meses su investigación del caso Medusa, por el cual el exprocurador lleva más de medio año privado de libertad. Esa fue la “respuesta” a la recusación de los fiscales Berenice y Camacho hecha horas antes por abogados de Rodríguez.

Otra característica del lawfare es la propaganda mediática, usada con saña contra algunos acusados de corrupción.

Todo dominicano sensato apoya la lucha contra la impunidad que realiza este Gobierno, pero no puede ser a expensas del debido proceso.