Deltan Dallagnol, fiscal federal que dirige la llamada Operación Autolavado, ofrece una entrevista en Curitiba, Brasil, el jueves 26 de enero de 2017. (AP Foto/Andre Penner)
BRASILIA.-La «Operación Lava Jato» (lavadero de autos), considerada por muchos como la mayor investigación de corrupción de la historia, comenzó en marzo de 2014 como una pesquisa sobre el mercado paralelo de cambio en una red de gasolineras de Brasil.
El caso llevó desde entonces a la cárcel a decenas de empresarios y políticos de primer plano, de prácticamente todo el arco parlamentario, por su implicación en una red de sobornos pagados por grandes constructoras para obtener licitaciones en Petrobras.
La fiscalía definió el esquema como un sistema de «empresas que se enriquecían a costa del Estado, directivos de Petrobras que vendían favores, lavadores profesionales de dinero que pagaban sobornos y políticos y partidos que sustentaban a directivos de Petrobras y a cambio recibían la mayor parte de los sobornos para enriquecerse y financiar sus campañas».
Las obras sobrefacturadas generaban excedentes que se transferían a los partidos y a los conspiradores como sobornos de entre el 1% y el 5% del valor de los contratos.
Se estima que el esquema drenó el equivalente de unos 2.000 millones de dólares de la petrolera estatal y que causó, según números de la fiscalía, un perjuicio total de más de 13.000 millones de dólares.
Según la fiscalía, los procedimientos legales permitieron a la empresa recuperar unos 500 millones de reales (155 millones de dólares) hasta fines de 2016. Las ramificaciones del caso se extendieron a una decena de países.
Hasta ahora, hubo en Brasil centenares de causas abiertas, 259 personas inculpadas y 120 condenadas, en muchos casos a pesadas penas de cárcel. Se emitieron asimismo 79 órdenes de prisión preventiva.
Los delitos recurrentes son corrupción pasiva y activa, crímenes contra el sistema financiero, formación de organización delictiva y lavado de dinero.
El centro neurálgico de la operación se halla en Curitiba, la capital de Paraná (sur), desde donde actúan el juez de primera instancia Sergio Moro y el equipo de fiscales dirigido por Deltan Dallagnol.
En Brasilia, la corte suprema lleva los casos de personas con fuero privilegiado (diputados, ministros, etc). Entre los condenados, figura el expresidente de la constructora Odebrecht, Marcelo Odebrecht, que purga una pena de más de 19 años de cárcel.
José Dirceu, que fue jefe de gabinete del presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), fue condenado a 23 años de reclusión. También están tras las rejas, con prisión preventiva, el ultraconservador ex presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha y el exministro de Finanzas de Lula, Antonio Palocci.
Lula responde a varias acusaciones de corrupción pasiva. El exlíder sindical niega cualquier implicación y denuncia una conspiración para impedirle presentar su candidatura en la presidencial de 2018.
El actual presidente conservador Michel Temer es a su vez mencionado en testimonios de «delación premiada» de por lo menos un ejecutivo de Odebrecht. La convalidación, considerada inminente, de las delaciones premiadas de 77 exdirectivos de esa firma podría duplicar el número de causas judiciales, según adelantó el fiscal Dallagnol.
Además de Odebrecht, se vieron involucradas en el caso las constructoras Techint, Camargo Correa, Andrade Gutierrez, Mendes Junio, Promon, MPE, Skanska, Queiroz Galvao, IESA, Engevix, SETAL, GDK y Galvao Engenharia.
