Víctor Féliz Solano
Desde el año 2003 tenemos una ley que regula las transferencias y disposición de los recursos que manejan los ayuntamientos.
Esa ley, la cual se encuentra en “moratoria” estratégica y a conveniencia política de los gobiernos nacionales de turno, habla del famoso 10 % del presupuesto de la nación para los municipios.
Ya hemos señalado en otras ocasiones que todos los recaudos deben distribuirse de la siguiente manera: un 40 % para inversión de capital, un 31 % para servicios municipales, un 25 % para nóminas o pagos de salarios y un 4 % para educación.
Para empezar a entendernos, hay que aclarar que el porcentaje actual que se recibe por parte del Poder Ejecutivo a los ayuntamientos, Distritos Municipales y la Liga Municipal Dominicana rondan por el 4.81 %, es decir, casi 23 mil millones de pesos para este año que discurre.
Suma, que, si bien no es nada despreciable, son insuficientes para la carga que tienen estas instituciones que son eminentemente de servicios.
En caso de cualquier cuestionamiento al manejo de estos fondos públicos, basta con entrar a las matrices que deberían publicar cada tres meses todos gobiernos locales en donde reflejan sus ejecuciones presupuestarias. Allí debe evidenciarse la concatenación de estos datos con los del presupuesto aprobado el año anterior por cada sala capitular.
Estos recursos que provienen de los fondos públicos, en el mundo municipal los conocemos como los fondos por “transferencias”, los que capta el ayuntamiento mediante tasas o arbitrios, se conocen como “fondos propios” y aquellos que se reciben adicionalmente desde el Gobierno Central los llaman “Fondos adicionales”
Cuando cada ayuntamiento esta elaborando su presupuesto para el año siguiente, todos sus planes se basan sobre los recursos que se recibirán por “transferencias” y por los “fondos propios”, como es lógico; sin embargo, nos llama mucho la atención una cantidad que el Gobierno Central “transfirió” a algunos gobiernos locales (municipios y distritos municipales) el año 2021.
Esta cantidad alcanzó poco mas de 2 mil 500 millones de pesos y no se han reflejado en las ejecuciones presupuestarias correspondientes.
La cuestión sería, ¿cuáles criterios se usaron para la asignación de los mismos? El ayuntamiento del Distrito Nacional recibió la cantidad de 835.6 millones, el de Azua 61.0 millones, el de Nagua 85.4 millones, el Municipio de Puñal 17.4 millones y su Distrito Municipal Guayabal 14.6, Río San Juan 17.0 millones, entre otros. Al parecer se sigue utilizando el Poder Ejecutivo, no solo para violar la Ley 166-03, sino que además esta mayoría de recursos se asignaron a ayuntamientos afines al Gobierno.
Para completar el ejercicio es de menester analizar de qué manera impactaron estos recursos en las arcas de esos territorios; a saber, para el Ayuntamiento del DN esto significó un incremento de un 17 %, para el de Azua un 41 %, para Nagua 79 %, para Puñal 25 %, para su DM Guayabal 45 % y para Río San Juan 24 %. ¿Está debidamente transparentado el uso de estos recursos?
¿La Dirección General de Presupuesto y la Contraloría General le dan el seguimiento debido para que el gasto se corresponda a lo solicitado? En caso de que fueran proyectos de inversión pública, ¿se previeron las exigencias para la correcta aplicación bajo el SNIP?
Estas y otras interrogantes se satisfacen con la aplicación de las leyes y procedimientos que exigen los órganos de control del Estado en cada uno de estos casos. Si es así, pues felicitaciones, si no, estaremos atentos.
*Por Víctor Féliz Solano
