La Junta Central Electoral tiene la gran encomienda de ser guardián del Registro Civil y organizar los procesos electorales.
Dos tareas titánicas.
Lo del Registro Civil debiera ser una tarea cotidiana sin mayores conflictos, pero en el caso de República Dominicana se vive en un continuo asedio con relación a que se les conceda la nacionalidad dominicana a personas que la Constitución y decisiones de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional establecen con claridad que no les corresponde.
Todas las juntas que han hecho para ordenar esa casa han confrontado grandes ataques.
La otra tarea igual implica grandes dificultades.
Le toca administrar procesos electorales en medio de una enraizada cultura política en la que difícilmente se admite una derrota.
Eso da origen a una tradición de trampas (o al menos intentos), resistencia a los controles y respeto a las reglas del juego.
Le toca a la Junta Central Electoral sortear todas esas dificultades sin salirse de las facultades que le confiere la Constitución y la Ley.
El actual pleno se han propuesto regular los tiempos de campaña.
La primera reacción trajo aplausos, pero de inmediato llegó el turno a la reflexión.
Tiene la Junta facultad para reglamentar los procesos electorales, pero sin violar derechos constitucionales que tienen las personas, los partidos y las empresas.
El faro más luminosos que puede encontrar en su camino es apegarse a la Ley y a su correcta aplicación.
