La primera ola de reformas del Poder Judicial, iniciada en 1997 con la escogencia de una nueva Suprema Corte de Justicia, dotó a República Dominicana de una judicatura más independiente, más decente, con un sistema de capacitación continuada, y puso en marcha la carrera judicial.
La segunda ola resulta impostergable para dotar al país de una Justicia más equitativa y expedita, con jueces del mayor nivel profesional y moral posible.
Lograr la fortaleza del Poder Judicial requiere de jueces capaces y probos para administrar justicia.
La sociedad ve con preocupación lo que pudiera convertirse en una peligrosa tendencia: jueces bien valorados están renunciando para dedicarse al ejercicio privado del Derecho porque el poder adquisitivo de su salario real se ha degradado.
Para ser juez se requiere vocación de servicio e inclinación al sacrificio, pero no implica abrazar el voto de pobreza. Por lo tanto es una función que debe estar dignamente remunerada, con beneficios colaterales también atractivos.
La Justicia dominicana ha avanzado enormemente desde 1997 hasta la fecha. Nuestros tribunales no son hoy ni por asomo aquel mercado persa del que se hablaba en el pasado, pero permanece el peligro de la regresión.
Preservemos los jueces dignos, capaces e íntegros para esta segunda ola de reforma.
Aún el país tiene tiempo de detener lo que pudiera ser una peligrosa ola de renuncias de jueces porque la sociedad no ha sabido retribuirles dignamente por la misión que desempeñan.
Si miramos hacia un lado, podríamos lamentarlo.
