La Comisión que en su momento designó el Presidente de la República para investigar el proceso de adjudicación del contrato para la construcción de dos plantas de carbón en Punta Catalina, provincia Peravia, rindió un importante servicio a la nación.

Luego de rendido el informe, los comisionados concluyeron su trabajo y corresponde a las instituciones del Estado continuarlo.

Quizás el aporte institucional más relevante de las recomendaciones del informe es la parte que sugiere modificar la Ley de Contrataciones Públicas para crear un mecanismo que permita al Gobierno negociar mejor y de manera más transparente los contratos con empresas públicas.

No se ha reportado ninguna gestión en firme para, al menos, llevar el tema a discusión legislativa.

Esa comisión recomendó que no se le pagara a la empresa Odebrecht más de lo contratado, porque se trata de un contrato de llave en mano.

También exhortó recuperar los 6.5 millones de dólares pagados como comisión por el préstamo del Banco de Desarrollo de Brasil, pero que finalmente se anuló sin hacer desembolsos. No se tiene noticias de que esa gestión se haya hecho.

Otro aspecto sugerido fue que el Gobierno comprara los terrenos privados sobre los que hace una inversión de 1,940 millones de dólares. Tampoco se sabe de que se haya avanzado en ese sentido.

Hay una creencia generalizada de que cuando un asunto no se quiere resolver, se crea una comisión.
Ojalá este no sea el caso y que las recomendaciones de lugar tengan algún tipo de respuesta.