Las de Capotillo no pueden verse como simples protestas auspiciadas por el narcotráfico, sino una manifestación más del fracaso del Estado para responder a necesidades básicas de una población marginada como la de éste sector.
Muchas de las personas que se han lanzado a las calles lo hacen quizás temerosas de que la eficacia de la lucha de la DNCD y de la Policía Nacional contra el microtráfico haga desaparecer su fuente de sustento diario.
La incapacidad de la sociedad de brindarles oportunidades de desarrollo a los moradores de sectores como Capotillo, en particular a los jóvenes, hace que muchos de ellos miren hacia actividades delictivas para saciar sus necesidades.
El narcotráfico se ha convertido en una fuente de trabajo para muchos jóvenes, adolescentes, niños, adultos y ancianos y por lo tanto no verán con buenos ojos lo que hacen las autoridades antinarcóticas.
Pero lo peor y más pernicioso es que el Estado no da muestra de dar respuestas a las demandas sociales de barrios como Capotillo.
Se sabe, en particular la Secretaría de Interior y Policía, que la actividad delictiva en estos lugares no se detiene sólo con represión y ese era el sentido del programa Seguridad Democrática y el Plan Barrio Seguro. La parte de inversión social que debía acompañar esta acertada iniciativa se quedó en el tintero. De Barrio Seguro sólo se ha mantenido constante la parte policial, pero los otros elementos han sido relegados.
La pobreza es la mayor generadora de violencia.
