El Día 
Las protestas populares y manifestaciones callejeras que hoy día se escenifican con marcada frecuencia en los cuatro puntos cardinales del país, lejos de ser consideradas como una calamidad pública, deben ser vistas como un signo de madurez cívica ejercida por un pueblo que ¡por fin! está aprendiendo a reclamar sus derechos.
No estoy diciendo que los reclamos son justos, ni que son injustos. Independientemente de que esos conglomerados humanos, trátese de multitudes o de pequeños grupos, tengan o no tengan razones válidas para tirarse a la calle en busca de ser oídos y atendidos, lo importante es que estamos adquiriendo conciencia en lo que respecta a los derechos ciudadanos.
Los funcionarios, por su parte, también están aprendiendo su lección. Ellos deben saber que están donde están porque el pueblo los puso ahí para administrar la cosa pública y que, tarde o temprano, van a tener que rendir cuentas de cómo se desempeñaron.
Es como el dueño de un negocio (en este caso, el pueblo) que le da un empleo a un tipo cualquiera (en este caso, los funcionarios) y de vez en cuando le pide cuentas de por qué hizo esto o no hizo aquello. Al empleado no puede molestarle que su jefe le pida cuentas.
Lo que sí debe tener en cuenta la ciudadanía al ejercer su derecho a la protesta, es no excederse, no ensuciar las calles, respetar la propiedad privada y también la pública, no generar violencia. La protesta callejera es una forma de ejercer la libertad de expresión, y a esta no debemos desacreditarla bajo ningún concepto.
Me satisface grandemente que los ministros de las Fuerzas Armadas y de Interior y Policía han anunciado que respetarán las protestas ordenadas, porque así debe ser. La ciudadanía debe corresponderles con las mismas armas: dignidad y orden, pero con respeto recíproco.
