SANTO DOMINGO.-Dentro de los bienes de dominio público, marítimos y terrestres, figuran las playas, uno de los ecosistemas de gran disfrute de la población en todas las épocas del año por la condición insular del país.

Esto significa que cada persona tiene la potestad de bañarse, realizar deportes acuáticos y otros tipos de recreación sana en estos lugares, sin provocar daños en esos entornos.

De acuerdo con Francisco Ortiz, director de Recursos Costeros del Ministerio de Medio Ambiente, a partir de la Constitución de 2010, en su artículo 15, se contempló formalmente el derecho al libre acceso de cada ciudadano a las playas.

Recolectar especies que pertenecen al mar daña las costas.

“Por igual la Ley 64-00 da un mandato al Estado de proteger esos espacios, que son inalienables, imprescriptibles e inembargables, lo que significa que no se pueden vender o ceder y deben permanecer libres”, puntualiza el especialista en derecho ambiental.

Valor turístico

El país cuenta con 17 provincias costeras, entre las que figuran unas 200 playas de gran importancia económica porque en ellas se desarrolla el turismo, el cual aporta de un 8 a un 17 por ciento del producto interno bruto, factor de importancia.

“Conservar las playas, porque todos tenemos derechos a ellas, es contribuir a la economía del país”, sostiene Ortiz, tras especificar que se deben proteger unos 60 metros de franjas de pleamar, que es el espacio donde ascienden las olas y el reflujo de las aguas.

Esta última condición equivale a no permitir las construcciones en dicha franja, salvo casos autorizados que reunan determinadas condiciones, que no prive a la gente del derecho al uso de la playa. Para los fines de embarcaciones existen regulaciones a cargo de la Armada dominicana.

Realidad

— Recolección
Aunque la gente asume de forma tenue sustraer moluscos, caracoles y componentes de esos entornos, es prohibida la colecta de estos, ya que protegen el manto arrecifal, igual las arenas y corales.