Las motocicletas en SDE

*Por Víctor Féliz Solano

El registro obligatorio de motocicletas es una medida adoptada por diversos gobiernos locales para mejorar la seguridad ciudadana, reducir la criminalidad asociada a este medio de transporte y organizar la movilidad.

Estas acciones responden a la necesidad de regular un sector que ha crecido de manera acelerada en las últimas décadas, especialmente en América Latina, donde las motocicletas se han convertido en un medio de transporte esencial.

Santo Domingo Este (SDE) se suma a las ciudades que han implementado este tipo de medidas. Su propuesta exige un pago de RD$1,000 para registrar motocicletas y obtener el derecho de circulación en el municipio. Las autoridades locales han señalado que esta regulación busca controlar el uso de motocicletas, combatir delitos y formalizar su operación en la demarcación.

Según informes, un porcentaje significativo de crímenes en SDE involucra motocicletas, lo que subraya la necesidad de una mayor supervisión.

En otras ciudades latinoamericanas, como Bogotá y Lima, se han implementado iniciativas similares, con resultados variables.

En Bogotá, el registro de motocicletas, combinado con controles de tránsito y campañas educativas, ha reducido la accidentalidad en zonas críticas.

En Lima, aunque se logró un aumento en el control de vehículos, la medida enfrentó resistencia debido a la percepción de que era más recaudatoria que efectiva en la mejora de la seguridad. Esto demuestra que el éxito de estas políticas depende en gran medida de su ejecución y de la capacidad de generar confianza en los ciudadanos.

Un aspecto fundamental para garantizar el impacto positivo de estas iniciativas es que estén acompañadas de medidas complementarias.

La simple imposición de un registro o un pago no asegura resultados si no se incluye un enfoque integral que abarque la educación vial, la promoción del uso correcto de cascos y controles efectivos en las vías públicas.

La experiencia en ciudades como São Paulo, Brasil, ha demostrado que la regulación de motocicletas, cuando se combina con mejoras en infraestructura vial y programas educativos, puede reducir tanto la criminalidad como los accidentes.

En Santo Domingo Este el principal desafío será evitar que la medida se perciba como un simple impuesto. Para lograrlo, las autoridades deben garantizar que los fondos recaudados se destinen a mejoras concretas en infraestructura vial, señalización y seguridad ciudadana.

La transparencia en la administración de los recursos es crucial para ganar la confianza de la población y justificar la medida como una herramienta para el desarrollo y no como una carga económica adicional.

En el ámbito regional, organismos como la Organización Panamericana de la Salud han señalado que los registros obligatorios de motocicletas, junto con otras políticas integrales, pueden reducir significativamente la siniestralidad vial.

Sin embargo, estas medidas han fallado en algunos casos debido a la falta de seguimiento y a la percepción de que no abordan los problemas estructurales que afectan a los motociclistas, como la falta de oportunidades económicas y la informalidad laboral.

El caso del municipio Santo Domingo Este también pone de manifiesto la importancia de contar con estrategias de comunicación eficaces para explicar los objetivos de la medida.

Involucrar a la comunidad en el proceso de implementación podría ser clave para aumentar la aceptación y el cumplimiento voluntario.

Además, el ayuntamiento debe comprometerse a evaluar periódicamente el impacto de la regulación, tanto en la reducción de delitos como en la mejora de la movilidad urbana.

El registro obligatorio de motocicletas tiene el potencial de ser una medida transformadora para mejorar la seguridad y el orden en el municipio.

Su éxito dependerá de una ejecución adecuada, del apoyo ciudadano y del compromiso de las autoridades para garantizar la transparencia y destinar los recursos recaudados a fines concretos y tangibles.

La experiencia de otras ciudades demuestra que este tipo de iniciativas puede generar resultados positivos si se integra en un plan más amplio que contemple los aspectos sociales, económicos y de infraestructura necesarios para lograr un cambio real.