Las medidas anunciadas por el Gobierno para mitigar el impacto negativo que tiene en la población la inflación derivada de los efectos de cola de la pandemia del Covid-19 y la guerra en Europa implicarán un enorme sacrificio fiscal para un país que apenas iniciaba la ruta de la recuperación económica.
Dicen que mal de muchos es consuelo de tontos, pero el hecho de que la situación esté golpeando a todas las economías del planeta da la esperanza de que se produzcan acciones globales para hacerle frente.
La situación de los precios del petróleo y de otros commodities, indispensables para la producción de alimento se va tornando insostenible.
El Gobierno ha tomado estas iniciativas para proteger, en la medida de lo posible, al consumidor y al productor agropecuario que ha visto dispararse los precios de sus insumos.
Así se pueden preservar dos importantes activos que tiene República Dominicana: la paz social y la estabilida macroeconómica. Ambos garantizan el vigor de la actividad turística y el atractivo para las inversiones.
Desde el Estado tienen ahora la responsabilidad de garantizar que las medidas logren sus objetivos y que no ocurra, como durante la pandemia, que empresarios inescrupulosos aumenten sus márgenes de ganancia a costa del sacrificio de la población.
