La existencia de mafias de abogados que engañan a muchos en la República Dominicana constituye una realidad inocultable, sin que la mayoría de los responsables reciban las sanciones materiales o éticas correspondientes de parte de la justicia o del Colegio de Abogados.

Los profesionales del Derecho que se dedican a esta práctica deleznable muestran preferencia por el área laboral y la jurisdicción inmobiliaria, esta última que tiene competencia exclusiva para conocer de los derechos inmobiliarios y su registro, desde que se solicita la autorización para la mensura y durante toda la vida del inmueble, salvo las excepciones previstas en el marco legal jerarquizado mediante la Ley 51-07, del 23 de abril del año 2007.

En vista de que nunca he utilizado este espacio para cuestiones particulares, pido permiso en esta ocasión a los lectores, dado el hecho de que el caso serviría para ilustrar esta situación.

Aclaro que el caso a exponer, no necesariamente encajaría dentro del esquema de las mafias de abogados, sino que hay que asumirlo en un contexto general.

Tengo un apartamento en el sector Miramar, del Distrito Nacional, cuya propiedad está debidamente registrada, lugar a donde se presentaron el 12 de este mes los abogados Félix María de Óleo de Óleo e Isabel Ramos Aquino, alegando que eran los dueños del inmueble. Presentaron una “certificación” de título”, con la pretensión de hacer valer el supuesto derecho.

El artículo 51 de la Constitución de la República establece el derecho propiedad, que el Estado reconoce y garantiza, estableciendo que “ninguna persona puede ser privada de su propiedad sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social, previo pago de su justo valor, determinado por acuerdo entre las partes o sentencia de tribunal competente, de conformidad con lo establecido en la ley”.

De hecho, el derecho a la propiedad constituye un soporte vital de nuestra democracia representativa.

La joven que estaba en la casa hizo pasar a los visitantes, que una vez acomodados en un sofá, observaron el entorno, y hasta dijeron conocerme.

Le informaron que el inmueble les pertenecía, que como presumían que era inquilina debía proceder a hacer los pagos por ante su oficina; pero antes de marcharse dejaron una comunicación en la que plasmaron sus requerimientos.

Lo extraño y sospechoso es que siendo juristas no agotaran las diligencias legales propias de estos casos. Lo procedente era que mediante acto de alguacil notificaran el desalojo y posteriormente recurrieran por ante la Jurisdicción Inmobiliaria para que hiciese valer el alegado derecho de propiedad.

Existen precedentes de estafas y falsificaciones de títulos en el ámbito de Jurisdicción Inmobiliaria, siendo uno de los más sonados el del expelotero de Julio Lugo.

El deportista que fue estafado con RD$50 millones, llevó el caso por ante la Justicia, logrando condenas contra los responsables de la acción ilícita.

Ante esa situación y en procura de que sirva de ejemplo, decidí querellarme ante la Fiscalía Barrial de la carretera Sánchez, en la que deposité una querella penal contra los referidos juristas. Hay que reconocer que el titular de esa dependencia ha sido diligente y amable.

A la primera citación no acudieron, bajo el argumento de que el señor De Óleo de Óleo tenía programado un viaje al exterior.

La idea consiste en llevar el caso hasta las últimas consecuencias, consciente que de que con ello contribuiré al fortalecimiento de la institucionalidad democrática del país.

Desafortunadamente para los que se dedican a mafias de abogados, en ocasiones las cosas no les salen bien, porque, como a lo Pedro Navaja, “la vida les da sorpresas”.